Moisés MOLINA*

En la reciente inauguración de la Asamblea General de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia que agrupa a jueces, magistrados y ministros de todo el país, el Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar puso el dedo en la llaga.

Desde su alta representación llamó explícitamente a un diálogo con las entidades federativas para reformar la justicia local. 

Para nadie es un secreto la enorme disparidad que existe entre el Poder Judicial de la Federación y -en general- los poderes judiciales de los estados. Además de las sustanciales diferencias entre los aparatos de justicia de las entidades federativas.

Son disparidades sustanciales que inciden en la calidad y expeditez de la impartición de justicia. Para que la justicia sea justicia debe ser rápida y las resoluciones de calidad. 

La brecha entre judicatura federal y local y entre las propias judicaturas locales se resume en los presupuestos que los poderes legislativos les asignan. 

La diferencia en salarios, prestaciones, instalaciones, equipamiento y atención entre Poder Judicial de la Federación y los de los estados es poco menos que abismal.

Si usted visita un juzgado o tribunal federal y uno local, notará inmediatamente la diferencia.

Pareciera que nuestro sistema imperante ha producido una división de la justicia ya no por orden de gobierno sino por su tratamiento presupuestal en justicia de primera y justicia de segunda.

Los jueces de primera instancia de Oaxaca son los peores pagados del país y su carga de trabajo seguramente supera la de varios de sus homólogos en otros estados.

Y las herramientas y personal en sus juzgados resultan, desde hace tiempo, inadecuadas e insuficientes para dar los mejores resultados. 

La judicatura es un ministerio que asumen con pasión la gran mayoría de los juzgadores y las juzgadoras oaxaqueñas. No importa el lugar, no importa la carga de trabajo; ahí están siempre cumpliendo al límite de sus capacidades.

Sin embargo también los poderes judiciales locales merecen justicia. Y un buen comienzo vendría con mejores salarios, mejores herramientas de trabajo e instalaciones más dignas tanto para jueces y secretarios como para los justiciables.

En Oaxaca el proyecto de 25 centros de justicia como complejos administrativos de vanguardia está en marcha y representa un compromiso de hacer lo más con lo menos. 

Pero hace falta mucho por hacer y solo se conseguirá con mayores presupuestos cercanos, por lo menos al 2% que recomiendan los estándares internacionales. 

Y para ello es necesario voluntad política. 

Por eso es tan relevante el llamado del Ministro Presidente a reformar la justicia local. Ese gran diálogo al que convoca tiene que pasar indeclinablemente por los congresos locales y sus comisiones de presupuesto y cuenta pública. 

Ojalá en estados como Oaxaca, en la antesala de estrenar legislatura, pueda comenzar a materializarse ese diálogo cuanto antes. Para beneficio de todo aquel que acude a un tribunal local en busca de justicia y para la buena salud de nuestro Estado Constitucional de Derecho.

*Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.