Salvador García Soto

El que termina también exhibido y expuesto es el propio mandatario, confirmando sus rasgos autoritarios.

“No se puede apagar el fuego con más fuego”, dijo Andrés Manuel López Obrador como candidato en campaña; pero una vez presidente, se olvidó de su propia máxima y ayer, en un intento de apagar el incendio que le provocó la revelación periodística de la vida lujosa de su hijo José Ramón López Beltrán en Houston y el posible conflicto de interés en la “Casa Gris” que habitó por dos años, siendo propiedad de un alto ejecutivo de la empresa texana Baker Hugues, contratista de Pemex, el mandatario rebasó todos los límites de su poder presidencial y exhibió, públicamente, a un ciudadano por sus ingresos económicos utilizando información de las instituciones que él encabeza.

Los datos sobre los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola que difundió ayer en su conferencia mañanera desde Hermosillo el presidente, no sólo son un ataque directo y una violación de varios artículos de las leyes y de la Constitución que protegen el derecho a la intimidad y la privacidad de cualquier mexicano, sino que constituyen también un abuso total de la autoridad presidencial, que utiliza su cargo, su poder y posiblemente hasta información fiscal del SAT y de la Secretaría de Hacienda, para atacar, exhibir y exponer  públicamente a un contribuyente, en un acto además que es claramente venganza y represalia por difundir un trabajo periodístico que incomodó y molestó al Presidente.

Las reacciones y condenas ayer del gremio periodístico mexicano, de organizaciones defensoras de la libertad de prensa dentro y fuera del país y hasta de abogados, fiscalistas y constitucionalistas, coincidieron todas en la gravedad del acto presidencial que escaló del lenguaje violento y descalificatorio contra la prensa crítica —que ha sido habitual en los tres años de gobierno de López Obrador— a un nivel que enciende todas las alarmas porque muestra a un presidente desbordado que, en su ira y molestia, es capaz de lanzar el aparato del Estado en contra de un periodista pero también de un ciudadano al que violenta en sus derechos y lo coloca en situación de vulnerabilidad en un país con los niveles de inseguridad y violencia que hay en México.

El problema con lo que hizo ayer el presidente es que al exhibir y exponer a Loret con sus ingresos económicos, en un intento de descalificarlo y cuestionar su credibilidad, el que termina también exhibido y expuesto es el propio mandatario, que confirma el discurso de sus críticos y detractores que ven en él a un gobernante de rasgos autoritarios que con este tipo de acciones se aleja cada vez más del estilo democrático de ejercer el poder, para acercarse peligrosamente al perfil de un dictador al que no le importa pisotear las leyes y la Constitución en detrimento de los ciudadanos.

ACCIONISTAS DE BAKER HUGHES PIDEN INVESTIGACION; LA SEC PODRIA INTERVENIR

Lo peor para el presidente López Obrador es que con todo y su arranque de ayer y de las consecuencias legales y hasta posibles denuncias que le puede generar, no logrará evitar que el escándalo por el lujoso estilo de vida de su hijo mayor en Houston, Texas, continúe y que la existencia de un posible conflicto de interés, en el hecho de que José Ramón y su esposa Carolyn Adams hayan ocupado por dos años la casa de uno de los presidentes de la empresa energética texana Baker Hughes, justo cuando esta recibía contratos millonarios de Petróleos Mexicanos, sea un tema que se investigue ya no sólo en México, sino en Estados Unidos.

Porque ayer un grupo de inversionistas de Baker Hughes Company, empresa que cotiza en las bolsas y en el sistema financiero de los Estados Unidos, mandó una carta a los altos ejecutivos de la compañía para solicitar que se realice una “investigación robusta y completa” sobre la residencia que junto con su esposa ocupó en Houston el primogénito del presidente de México.

Un grupo de accionistas solicitó a altos ejecutivos de Baker Hughes que se abra una robusta y completa investigación relacionada con la residencia: «Como probablemente ya están enterados, en las últimas semanas ha habido un número relevante de noticias apuntando a posibles conflictos de interés haciendo señalamientos de algo impropio, y posibles irregularidades legales de Baker Hughes, derivados del hecho de que un alto ejecutivo de Baker Hughes tuvo una relación directa con el hijo del Presidente mexicano y su esposa, ambos políticamente expuestos, al mismo tiempo que Baker Hughes obtuvo una extensión de un contrato multimillonario de Petróleos Mexicanos. Por circunstancias que aún no han sido aclaradas —lo que genera una justificación válida y preocupación de posibles acciones ilegales— el señor Keith Schilligs, un ejecutivo de Baker Hughes que cedió el uso de una residencia en Conroe, Texas, registrada a su nombre, a José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente de México y su esposa, Carolyn Adams», escribió, a nombre de un grupo de accionistas, Juan Carlos Luna.

En la carta, que ayer fue revelada en Twitter por el excanciller Jorge Castañeda, se registra que «el matrimonio López ocupó dicha propiedad durante un periodo entre 2019 y 2020, mismo tiempo en que Pemex otorgó extensiones significativas e incrementos de costo a contratos de Baker Hughes. La óptica y el momento de estos hechos simplemente no son buenas. Estos al menos crean la percepción de un posible conflicto de interés y un potencial escenario que pudo haber cruzado la línea de lo legal y de obligaciones éticas de Baker Hughes. Por esta razón una queja se justifica y una investigación es necesaria”, dicen los accionistas de la empresa texana.

A partir de esa petición, de acuerdo con las leyes estadounidenses, la Comisión de Bolsa y Valores del gobierno de los Estados Unidos, SEC por sus siglas en inglés, podría también investigar una presunta ilegalidad o alguna práctica de tráfico de influencias o conflicto de interés en que pudo incurrir la empresa Baker Hughes Company, tal y como ya ha sucedido en otros casos de compañías estadounidenses que cotizan en el mercado de valores y que, tras ser denunciadas públicamente por conflictos de interés o prácticas ilegales ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro país, han sido investigadas y sancionadas por la SEC, como fue el caso de Walmart, en 2019, tras haber sido acusada de pagar sobornos a cambio de permisos para sus tiendas en México y en otros países.

Si eso llega a ocurrir y la implacable SEC del gobierno estadounidense toma el tema de la “Casa Gris” de Houston para investigarlo, el asunto adquiriría otra dimensión para López Obrador y su gobierno. Porque aunque el presidente mexicano ha pedido “que se investigue el asunto”, la realidad es que es muy poco probable que su propio gobierno vaya a realizar una investigación seria e imparcial, tal y como ya ocurrió con los casos de sus hermanos Pío y Ramiro López Obrador, que fueron captados en video recibiendo paquetes de dinero en efectivo.

Y además de que no hay voluntad política para investigar al hijo del Presidente, las leyes mexicanas son totalmente laxas y ambiguas a la hora de definir y castigar el delito administrativo de “conflicto de interés”, como lo comprueba el emblemático caso de la “Casa Blanca” de Peña Nieto en el que, tras una larga y tardada “investigación” la Secretaría de la Función Pública, entonces ocupada por el abogado Virgilio Andrade, concluyó que “nunca existió conflicto de interés alguno” en el hecho de que la esposa del presidente, Angélica Rivera, haya recibido una mansión en Las Lomas financiada por la empresa Higa, propiedad del compadre de Peña, Armando Hinojosa Cantú, quien era además contratista de su gobierno.

Así que entre la “Casa Blanca” de Angélica Rivera en Las Lomas y la “Casa Gris” de José Ramón López Beltrán en Houston, cada vez hay más paralelismos y similitudes, con la diferencia de que la primera, al ser un conflicto de interés exclusivamente doméstico, fue tapada y mantenida en la impunidad por el mismo gobierno de Peña Nieto, mientras que la mansión que habitó por dos años el hijo de López Obrador, podría representar una transgresión no sólo en México sino en los Estados Unidos. Y aunque aquí intenten negarla y mantenerla en la impunidad, allá, del otro lado del Río Bravo, no suelen simular ni perdonar la corrupción de las empresas que cotizan en su mercado de valores.

Si eso llega a ocurrir, ni sus berrinches, ni el uso político del SAT, ni todo su poder desbordado, mucho menos los miles de bots manejados desde la Presidencia, podrán evitar el derrumbe del falso discurso contra la corrupción y la “transformación” con el que López Obrador engatusó y engañó a 30 millones de mexicanos. Los dados mandan serpiente doble, semana complicada.  
Fuente: El_Universal_Mx