San Raymundo Jalpan, Oax. 3 de mayo de 2022.-La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso del Estado de Oaxaca, Laura Estrada Mauro encabezó una mesa de trabajo con autoridades federales y estatales a las cuales citó para definir el esquema de coordinación para impulsar acciones para mantener la paz social y la gobernabilidad en la región de los Chimalapas.

Este esfuerzo institucional involucró también a la presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, diputada Luisa Cortés García, y el presidente de la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, diputado Jaime Moisés Santiago Ambrosio y las aportaciones al proceso de la secretaria técnica de Jucopo, Liz H. Matus.

La finalidad es que se cumpla con el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contenido en la sentencia de la controversia constitucional 121/2012 en donde los puntos resolutivos más importantes es la reforma constitucional referente a los límites definidos por la SCNJ que corresponde al legislativo y los mecanismos de coordinación y programas que se señalan en el Considerando Noveno de la misma que corresponde al ejecutivo. Se propuso constituir un Comité Interinstitucional entre poderes para planear y ejecutar los mismos en base a ejes fundamentales como son el agrario, seguridad, derechos humanos, medioambiente, desarrollo social y económico, entre otros.

La representante del legislativo también señaló que se buscarán los acercamientos con el Congreso del Estado de Chiapas para buscar que el cumplimiento de la sentencia transcurra en las mejores condiciones políticas y sociales.

Acudieron a la reunión, el representante de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Oaxaca, José Carlos Fuentes, quien mencionó se cuenta con el respaldo del Gobierno de México para este proceso, el titular de la Secretaría General de Gobierno (Segego), Francisco Javier García López, así como el representante de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, Agustín Díaz González, y del Defensor de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, quien mencionó que serán vigilantes y coadyuvaran con los dos poderes para que se respeten los derechos humanos de quienes habitan esta región.

Las autoridades coincidieron en facilitar todos los servicios básicos, los mecanismos de seguridad pública y todas las condiciones que generen certeza jurídica y bienestar en la zona.