Por: Alejandra Barrales

Pobreza, inseguridad y migración siguen siendo factores que orillan a niñas, niños y adolescentes a incorporarse prematuramente a las filas del trabajo principalmente en los sectores agropecuario, de servicios y comercio, contexto que se contrapone al cumplimiento de una meta de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, erradicar el trabajo infantil; con 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes insertados en el mercado laboral, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial.

En 2020 vivían en nuestro país alrededor de 28.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del 11.5 por ciento de la población, que representan los 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes, la mayoría empezaron a laborar entre los seis y ocho años de edad y el 26 por ciento no recibe percepción económica alguna; en tanto, el 95 por ciento de los adolescentes trabajan en el sector informal y más del 56 por ciento de ellos lo hacen con un familiar o desempeñando ocupaciones no permitidas y peligrosas.

Chiapas, Oaxaca y Michoacán son las entidades donde hay mayor número de niñas, niños y adolescentes que trabajan y lo hacen en los sectores agropecuario, de servicios y comercio, de acuerdo con el Atlas de Trabajo Infantil, elaborado por Save the Children.

La organización presenta una radiografía amplia y diversa del trabajo infantil desde diversos puntos de vista y en sus contextos específicos, lo que facilita identificar y visibilizar desde una perspectiva multicausal las situaciones y condiciones que colocan a nuestra niñez en riesgo de ingresar a trabajar de manera prematura.

La investigación arroja que la falta de guarderías, centros de atención infantil y estancias, genera que hijas e hijos acompañen a los padres y madres al trabajo, lo que representa un mayor riesgo para esos niños su incorporación temprana.

Las estadísticas y contextos que se exponen en el atlas evidencian la gravedad del flagelo, por lo que es urgente avanzar en la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para cambiar las situaciones y condiciones inadecuadas en las que siguen creciendo millones de niñas, niños y adolescentes, así como los factores que los orillan a insertarse de manera prematura a las filas del trabajo.

Es importante que desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a nivel federal, estatal y municipal se trabaje de manera coordinada, tarea en la que se debe considerar la participación de especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Es importante que se fortalezca el marco jurídico en la materia, como ha señalado Save the Children para incluir los conceptos de trabajo infantil y actividades formativas, legislar en el rubro de inspección laboral en el sector informal, además, se establezca la obligación expresa de dar de alta a las y los adolescentes trabajadores, en edad permitida, en la seguridad social. Otra tarea fundamental es el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional entre procuradurías y las áreas de inspección laboral.

Debemos tener presente que para avanzar en la eliminación del trabajo infantil se deben instrumentar acciones y soluciones integrales tomando en cuenta siempre los contextos de cada una de las estidades, para que las medidas sean acordes a las realidades que viven las niñas y niños y adolescentes en la diversidad y heterogeneidad de nuestro país.

Maestra en políticas públicas

@Ale_BarralesM