• La Ministra Presidenta llamó a que las críticas partan de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto

• Aseguró que la justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad “que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno”

Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acudieron a la Cámara de Diputados a compartir opiniones en los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial. 

La ministra presidenta de La Corte y del CJF, Norma Lucía Piña Hernández, dijo que, a partir de este ejercicio, se desprendió que “la justicia no es sólo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad: la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial”.

“Seamos críticos de la justicia en México. La realidad no nos permite otra actitud. Pero apliquemos la crítica en la que se encuentre en el centro de ésta las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia en general. Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad. Critiquemos con responsabilidad de Estado”, solicitó la Ministra Presidenta.

Detalló que las 14 sesiones del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia permitieron escuchar por cuatro meses a miles de personas en todas las regiones del país y recopilar información cualitativa y cuantitativa sobre los problemas prioritarios y soluciones concretas del sistema de seguridad y justicia. 

Reconoció que los Diálogos en la Cámara de Diputados son una oportunidad única para reflexionar y debatir, al encontrarnos en un momento crucial de nuestra historia y estar en el umbral de una reforma al Estado mexicano desde sus cimientos. “Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión”.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá explicó que la reforma necesariamente politizará los procesos de selección de jueces y deja de lado la carrera judicial, el mérito y la experiencia de las personas juzgadoras.

Explicó que la iniciativa pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas, pues las personas juzgadoras son la cristalización de la carrera judicial y la expertise que, a lo largo de los años y con esfuerzo, se ha construido en México con mucho trabajo y esfuerzo.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo que cualquier reforma al Poder Judicial debe partir de la independencia judicial, pues una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potenciará el crecimiento económico.

Precisó que, si los legisladores deciden instaurar un modelo de elección popular de jueces y magistrados, se deberá considerar el impacto económico de un mal diseño.

El ministro Javier Laynez Potisek expresó que la elección por voto popular de las personas juzgadoras no es la solución para resolver los problemas del Poder Judicial de la Federación y podría agravarlos drásticamente, “quienes resuelven asuntos jurisdiccionales se deben al pueblo, sin embargo, el compromiso con la ciudadanía implica que el juez actuará con total imparcialidad y en estricto apego a la ley”.

“¿Cuál es el aliciente para que un juez se preparare y especialice para buscar su ratificación y permanencia en el cargo, si conoce de antemano que su reelección y ascenso depende de una contienda electoral?”, reflexionó.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo alertó que sustituir en un único momento a más de mil 600 personas juzgadoras generaría un desajuste importante, por lo que sugirió una sustitución gradual, escalonada, conforme se van dando las vacantes, para permitir la sinergia entre aquellos que forman parte de la carrera judicial y los emanados de procesos electorales.

“Me permito mencionar que la reforma que se propone debe poner especial cuidado en relación con los derechos laborales de las y los juzgadores que podrían ser sustituidos con motivo de su entrada en vigor”, concluyó.

La ministra Ana Margarita Ríos Farjat refirió que una reforma legislativa al Poder Judicial debe contar con cuatro características: estar orientada a resolver problemas según la realidad, no desarreglar lo que funciona, ser económica e implementarse con sencillez. 

Agregó que es importante el fortalecimiento de los poderes judiciales de los estados y llamó a fortalecer las escuelas de formación judicial y las clínicas de asesoría jurídica gratuita, además de incorporar en los poderes judiciales locales, la figura de jueces mediadores.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso que se lleve a cabo una elección de todos los integrantes de La Corte y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como una sustitución progresiva de jueces y magistrados, para que en esta reforma se den garantías de idoneidad y excelencia de las personas juzgadoras.

El ministro Alberto Pérez Dayán aseveró que las instituciones del Estado en su conjunto no han alcanzado los niveles de justicia que demanda la sociedad, sin embargo, “toda reforma constitucional impone un estudio profundo y la prisa no es un buen consejero” y recordó a las y los legisladores que la división de poderes da fuerza a los regímenes democráticos y modernos. 

La ministra Loretta Ortiz Ahlf dijo que la elección de las personas juzgadoras debe contar con criterios objetivos de selección, basados en mérito personal, capacidad profesional de las y los candidatos, principios de transparencia y publicidad, y garantizar la participación de todos los interesados.

En su participación, la ministra Lenia Batres Guadarrama indicó que la reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público obligando a sus titulares a responder al interés general; crea el mecanismo de control que le ha faltado, para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras.

El ministro Luis María Aguilar Morales afirmó que el derecho a ser independiente no es de las y los jueces, sino del pueblo de México, y se logra con un trabajo constante que da la carrera judicial.

LA JUDICATURA FEDERAL ESTÁ ABIERTA AL DIÁLOGO E INTERCAMBIO 

Consejeras y consejeros de la Judicatura Federal (CJF) refrendaron su compromiso con fortalecer, desde el diálogo e intercambio de experiencias, la iniciativa de reformas al Poder Judicial de Federación (PJF), al participar en los Diálogos Nacionales en la materia que convocó la Cámara de Diputados.

La consejera Eva Verónica de Gyvés Zárate expresó que hay muchas cosas que pueden rescatarse del sistema que hoy tenemos, pero el objetivo es maximizar el principio de acceso a la justicia para lograr un auténtico Estado de Derecho, donde las personas juzgadoras cumplan con sus responsabilidades en el marco de la ley e impartan justicia de manera imparcial y expedita.

Indicó que se debe poner especial atención en los filtros por medio de los cuales se seleccione a Ministros, Magistrados y Jueces. “Mi propuesta es que la sustitución de personas juzgadoras a nivel federal sea progresiva, es decir, de forma gradual en los distintos estados de la República”, agregó.

El consejero Alfonso Montalvo Martínez afirmó que mientras los procedimientos establecidos en la ley no se simplifiquen, las cuestiones formales prevalecerán sobre las sustantivas. Así se cambie una o 10 veces a los jueces, no podrá materializarse una justicia pronta y cercana a la ciudadanía, porque los juicios seguirán basándose en las mismas leyes procedimentales.

“No es verdad que los jueces federales se designen por dedazo. A nivel federal, desde el año 1996, es decir, hace casi 30 años, han sido designados 2,595 juzgadores a través de 111 concursos de oposición internos y algunos abiertos a toda la ciudadanía”, y precisó que la Carrera Judicial es el sistema más eficaz para garantizar que las personas más capaces ejerzan el noble oficio de impartir justicia, y permite a sus integrantes a visualizarla como un plan de vida.

El consejero Sergio Javier Molina Martínez manifestó que estamos en el preámbulo de la transformación más importante al Poder Judicial en los últimos 200 años. Lo mejor para la República, la economía y sobre todo para la sociedad, es una transición racional y conjunta entre los Poderes de la Unión.

Se refirió al concurso de oposición por medio del cual se designa a las personas juzgadoras y destacó que se realizan exámenes segmentados por etapas y con trasparencia que permiten encontrar a los perfiles de excelencia para desempeñar la función. 

A su vez, la consejera Lilia Mónica López Benítez se pronunció por una reforma al PJF, pero con base en mecanismos disciplinarios ágiles y efectivos y también disuasivos. Con un sistema de justicia reforzado a partir del diálogo, unanimidad y respeto institucional y que fortalezca la independencia de los tres Poderes de la Unión.

Se pronunció por un Poder Judicial que escuche a las personas, que resuelva en los plazos legales y que haga uso de los avances tecnológicos para mejorar el acceso a la justicia y a la información, y para fortalecer la vinculación social.

En tanto que el consejero Bernardo Bátiz Vázquez destacó que los conceptos de justicia y democracia no deben estar enfrentados. El Poder Judicial tiene, como los otros dos poderes, la representación de la soberanía popular, pero se distingue de los otros dos poderes en varias características o circunstancias. 

Afirmó que quienes sirven al Poder Judicial, especialmente como jueces y magistrados, tienen una vida personal difícil, más que en otras áreas del servicio público, porque es de constante estudio, capacitación, así como cambios frecuentes de su lugar de trabajo.