Por: Gildardo Mota
Al interior de la Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se registra un descarado tráfico en la asignación de contratos de obras, en cuya red de complicidades se involucran el responsable del Programa de Infraestructura Indígena, Mario Alfredo Cruz Escobar y Esaú López Quero, ex subdelegado de la dependencia federal y actual candidato suplente a diputado local del PRI por el distrito de Tlacolula de Matamoros.
Lo anterior se deriva de la denuncia presentada el 25 de abril del año en curso por el constructor Rodolfo Vásquez Ortega ante el titular del órgano de Control Interno de la CDI México, Sergio Paul Monroy Vicenteño, en donde revela que su empresa fue prácticamente despojada de un contrato de obra para asignárselo a otra empresa, por supuestas instrucciones del titular nacional.
De acuerdo a documentos, el 9 de julio de 2015 Rodolfo Vásquez Ortega ingresó a la Delegación de la CDI el expediente de la obra denominada “Ampliación del Sistema de Agua Potable de las localidades Santa Cruz de los Pescadores y Mariano Juan Castillo (de la avenida 12 de Noviembre, calle Vicente Guerrero y avenida Héroes de Nacozari), perteneciente al municipio de Unión Hidalgo, presupuestada con un monto de 3 millones 136 mil 862 pesos.
La obra se validó con el expediente técnico mediante oficio 05OAX 803401/22HMDA12 expedido por la Comisión Nacional del Agua, así como por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante oficio SGPA-UGA 1446-2014, documentos en poder del Órgano de Control Interno de la CDI.
A las pruebas documentales se anexa también una carta poder emitida el primero de julio de 2014 por el presidente municipal de Unión Hidalgo, José López de la Cruz , a favor de Rodolfo Vásquez Ortega para realizar gestiones de la citada obra, ya que previamente financió el proyecto para su ejecución.
Sin embargo, en marzo Vásquez Ortega se presentó ante el responsable del Programa de Infraestructura Indígena de la Delegación de la CDI, Mario Alfredo Cruz Escobar, quien le informó que la liberación del presupuesto para ejecutar dicha obra estaba en trámite, sin embargo en los primeros días de abril, el funcionario informó al constructor que ya se contaba con el presupuesto, pero que por órdenes de la dirección nacional de la CDI la obra se asignaría a otras empresas.
Por lo anterior, la Delegación de la CDI realizó un supuesto procedimiento de invitación a tres empresas para asignar la citada obra, en cuyo proceso se involucran las constructoras: ANMAJAT Construcciones S.A de C.V., Elemental Ingeniería S.A de C.V., y Grupo Morales Romero Constructores S.A de C.V.
Según el procedimiento CDI-OAX-Invitación-031-16, tipo nacional, la obra se realizaría de mayo a diciembre del año en curso, documento que exhibe la imposición de constructoras en la asignación de diversos contratos de obra en la Delegación de la CDI.
En otro documento de fecha 28 de junio de 2015, el presidente municipal de Unión Hidalgo, José López de la Cruz solicita al Delegado de la CDI, Jorge Toledo Luis, que el ayuntamiento que administra sea beneficiado con la obra en referencia mediante mezcla de recursos, por lo que la dependencia federal aportaría el 70% del recurso económico y la autoridad municipal el resto.
Vásquez Ortega exigió que se investigue los posibles nexos que tienen los representantes de las citadas empresas con funcionarios de la Delegación de la CDI, pues este hecho exhibe el tráfico en la asignación de contratos de obra al interior de la dependencia federal.