* La propuesta permitirá mayor celeridad en la respuesta de peticiones ciudadanas, con mayor eficacia de las funciones gubernamentales
San Raymundo Jalpan, Oaxaca., 23 de junio de 2016.- El presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Congreso Local, Adolfo Toledo Infanzón presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto, para reformar el artículo 12 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, con el objetivo de agilizar las respuestas de las instituciones gubernamentales hacia las peticiones ciudadanas.

Señaló que una de las principales tareas legislativas es regular las normatividades que ofrezcan mayor certeza y seguridad jurídica de las y los oaxaqueños, por ello resulta necesario reformar el marco jurídico vigente para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en apego a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

“En la actualidad las instituciones gubernamentales cuentan con un plazo de tres meses para atender la solicitud de un ciudadano y en caso de no haber respuesta por parte de la autoridad en los plazos establecidos, se da lugar a la negativa ficta, es decir, la solicitud es entendida como negada ante el silencio de una autoridad, lo cual ha propiciado apatía para hacer mejoras en los procedimientos y lentitud en la resolución de procedimientos gubernamentales”, afirmó el legislador.

Ante dicho panorama, dijo que los criterios jurisprudenciales en la materia han sido superados, en relación a los derechos humanos y la adecuación de los tratados internacionales dentro del orden jurídico, por ello mediante esta iniciativa se propone una disminución de tal plazo a treinta días hábiles y para su implementación reformar el artículo 12 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.

El diputado de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, indicó que el artículo octavo establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho ciudadano de petición, siempre que ésta se formule por escrito en un marco de respeto y paz.

“La garantía constitucional consiste en la certidumbre que tiene el ciudadano de que la autoridad deberá contestar un escrito, aspecto clave en la modernización del poder público; a mayor celeridad en la respuesta de las peticiones ciudadanas, mayor eficiencia y eficacia en las funciones de gobierno, ya que con ello no sólo se respeta un derecho fundamental, sino además se alientan los procesos económicos, sociales y culturales”, aseguró Toledo Infanzón.

En este marco, dio a conocer que la organización Transparencia Mexicana recomendó a las entidades integrar la transparencia a su marco legal del sector público, por lo cual estados como Guanajuato, Jalisco y el Estado de México han adoptado normas para regular la negativa ficta, y en Oaxaca esta iniciativa fijará una obligación en los funcionarios públicos estatales para aplicar programas de mejora continua y disminuir los plazos de respuestas a los ciudadanos.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnada a la Comisión Permanente de Administración de Justicia.