Los estados no están haciendo su trabajo; los centros privativos cuentan con graves deficiencias.

El Sistema de Justicia Penal obligó a la revisión del marco jurídico secundario a nivel federal y de los congresos locales, para construir nuevas legislaciones que garanticen el respeto a los derechos humanos y una verdadera reinserción social de las personas privadas de su libertad.

Así lo afirmaron las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos, de Gobernación y de Justicia, senadoras Angélica de la Peña Gómez, Cristina Díaz Salazar y Pilar Ortega Martínez, respectivamente, durante el Foro “Nuevo Sistema de Justicia, Ejecución Penal y Reinserción Social”.

El Sistema, explicó De la Peña, estipula en la Ley Nacional de Ejecución Penal que se deben dejar atrás los viejos conceptos para que exista una verdadera reinserción social en los centros de privación de libertad; es decir, pasar de un sistema inquisitorio a uno garantista.

Señaló que, de acuerdo con los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los centros se encuentran colapsados, es peligroso que estén gobernados o cogobernados por la delincuencia organizada o con muchos elementos que denotan tortura, no cumplen con el artículo 18 constitucional en materia de reinserción social; la Ley Nacional de Ejecución Penal, apuntó, se inscribió para ser la única que se aplique en todos los centros.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, aseguró que el reto de la seguridad pública para una eficaz procuración e impartición de justicia, son los problemas graves de los centros penitenciarios como la sobrepoblación, delitos de alto impacto, violencia en los espacios de reinserción y la existencia de grupos criminales operando redes delictivas.

Denunció que las entidades federativas no han cumplido con su responsabilidad para transformar el sistema penitenciario y les exigió hacer su trabajo; “el Gobierno Federal ha hecho su parte, pero México no solamente es el Gobierno Federal, también lo son los gobiernos locales y municipales”.

La legisladora pidió que se destinen recursos para la capacitación, adecuación de los establecimientos penitenciarios, desarrollo de tecnologías de la información y comunicaciones, así como para la transformación en la estructura organizacional de los centros penitenciarios.

La senadora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, subrayó que el Sistema Penal Acusatorio en México contempla la reinserción social como una de las aspiraciones del proceso penal, reconociendo a las personas sentenciadas como sujetos de derecho y dejando atrás el paradigma de la readaptación social.

Precisó que los centros en general tienen deficiencias relevantes, por lo que llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a cumplir en los hechos, principios establecidos en el marco legal. Al mismo tiempo, solicitó que se generen recursos materiales, administrativos necesarios para que el Sistema pueda funcionar.

“Hoy lo están criticando, cuando creo que lo que tenemos que hacer todas las instituciones es reforzarlo, es generar fortaleza en el mismo y, una parte muy importante, es justamente todo lo que tiene que ver con la ejecución de la pena”, puntualizó.

En el Foro participaron Uriel Villegas Ortiz, Juez Sexto del Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco; Manuel Horacio Cavazos López, Magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx; Sergio Sibaja Escobar, Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Sistema Procesal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, Luis Raúl Hernández Avendaño, Juez de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región del Istmo en Oaxaca; Javier Antonio Villalba Solís, Asesor para Temas Normativos del Comisionado Nacional de Seguridad, entre otros especialistas en la materia.