Tras casi tres horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado.

La legislación “tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez”.

El Pleno lo aprobó en lo general con 387 votos a favor, 33 en contra y cero abstenciones, y posteriormente, en lo particular con 361 votos en pro, 45 en contra y dos abstenciones, tras desechar 15 reservas presentadas por diputados del PRI.

El documento fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El proyecto de decreto fue elaborado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a partir de dos iniciativas que presentaron los diputados Manuel Rodríguez González (Morena), el 11 de septiembre de 2018, y Benjamín Saúl Huerta Corona (Morena), el 22 de noviembre de 2018.

El dictamen, además de expedir Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El nuevo ordenamiento legal está conformado por 30 artículos, divididos en cuatro títulos (I. Disposiciones generales, II. De la austeridad republicana de Estado, III. Del comportamiento austero y probo de los servidores públicos, IV. De la evaluación de la política de austeridad republicana y del financiamiento de responsabilidades).

Define a la austeridad republicana como “conducta republicana y política de Estado que los entes públicos, así como los Poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos, están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Estipula que para aplicar la política de austeridad republicana, los entes públicos deberán abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos; enfocar las medidas de austeridad preferentemente en el gasto corriente no prioritario, y evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.

Establece la prohibición de contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida, o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

Agrega que, por ningún motivo, se autorizarán pensiones de retiro al titular del Ejecutivo federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

También se indica que los servidores públicos, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos cinco años.

La discusión inició a las 18:30 horas con la fundamentación del dictamen, en tribuna, por parte de la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y del diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena).

Tras ello, la diputada Claudia Reyes Montiel (PRD) presentó una moción suspensiva, la cual fue desechada por el Pleno.

Durante la fundamentación, Terrazas Baca apuntó que la referida ley aplica a la administración pública federal y habilita para que los Poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos modifiquen sus ordenamientos en relación a los principios establecidos en la Ley de Austeridad Republicana.

Apuntó que se incorpora el concepto de nepotismo y la sanción correspondiente.

Se sustituye el plan de ahorros presupuestales al inicio del año por un informe de resultados de austeridad al final del año.

“Se establece que la nulidad de los contratos por corrupción y conflicto de interés, debe ser previa resolución judicial, otorgando así certidumbre jurídica a los gobernados y que las duplicidades de funciones serán conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, comentó.

Se elimina la prohibición de comprar equipo de cómputo durante el primer año, y se respetan las prestaciones contenidas en los contratos colectivos.

Se permite la adquisición de vehículos dando preferencia a los que son amigables con el medio ambiente.

Finalmente, dijo que se prohíbe la creación la creación de fideicomisos que tengan como fin ocultar los recursos públicos.