“Estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación.

“Aunque desconocemos sus motivos para migrar, la mayoría de las personas sale de sus países empujados por circunstancias económicas adversas, por reunificación familiar y/o por situaciones de violencia y persecución. A esto se suma que sus condiciones de vida se han visto profundamente afectadas a raíz de la pandemia por COVID-19 y por el devastador paso de los huracanes Eta y Iota.

“El Estado tiene la obligación de garantizar la plena identificación de los restos encontrados conforme a métodos científicos y llevar a cabo una restitución digna a sus familias. Esperamos que las víctimas extranjeras y sus familias reciban todo el apoyo de sus autoridades consulares. Se debe permitir el acceso de las familias o sus representantes a la información contenida en los expedientes judiciales que se abran por estos hechos. Este es un paso imprescindible para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de los familiares de las víctimas.”