Este Organismo Nacional urge a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar acciones para la atención y erradicación de la violencia contra las mujeres
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió, en los primeros meses de 2020, diversas solicitudes de apoyo e intervención por parte de numerosos grupos de mujeres, quienes se identifican como víctimas de violencia vicaria por parte de diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno.
La violencia vicaria es aquella forma de violencia contra las mujeres en la que se utiliza a los hijos e hijas y personas significativas para ellas, como un medio para dañarlas o producirles sufrimiento, y que, de acuerdo con la literatura disponible en la materia, es perpetrada generalmente por los progenitores de las y los niños en los casos en que las agraviadas deciden terminar su relación o denunciar la violencia ejercida en su contra.
En la violencia vicaria confluyen conductas de violencia familiar, física, psicológica, de género, económica, patrimonial, institucional, y otras, ejercidas no sólo por los agresores sino directa e indirectamente por las autoridades de procuración y administración de justicia, de protección a la niñez y adolescencia, y jurisdiccionales que conocen de los casos, ya que omiten preservar los derechos de las víctimas y atender el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, adoptando decisiones que, en muchas ocasiones, derivan en la pérdida absoluta de contacto entre las madres y sus hijas e hijos, en franca violación a sus derechos a vivir en familia, a una vida libre de violencia, a un sano desarrollo integral, entre otros.
Derivado de las múltiples solicitudes de intervención recibidas en la que se refirieron aproximadamente 150 casos de violencia vicaria en diferentes entidades federativas de la República mexicana, este Organismo Nacional llevó a cabo entrevistas a las madres agraviadas con la finalidad de documentar sus casos e iniciar acciones para su protección y defensa.
Como resultado del proceso de entrevista a las madres agraviadas, fue posible identificar un patrón de violaciones frecuentes a sus derechos y los de sus hijas e hijos, entre ellos, la separación forzada y sustracción ilícita de sus hijos e hijas; la falta de aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

(SCJN); la falta de aplicación de la suplencia de la queja, la suspensión de audiencias sin justificación suficiente, la solicitud de dádivas para llevar a cabo diligencias de notificación; la dilación injustificada de procesos de guarda, custodia y alimentos; el inicio y trámite de carpetas de investigación en su contra y su judicialización sin pruebas suficientes, y el otorgamiento de cuidados parentales concedido a los progenitores agresores por autoridades de las procuradurías de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes sin una adecuada valoración del interés superior de la niñez e incluso, en contravención a determinaciones jurisdiccionales.
Por lo anterior y toda vez que se han manifestado diversas inconformidades contra la actuación de autoridades judiciales, fiscalías y procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes en diferentes entidades federativas del país, la CNDH urge a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a identificar los casos de violencia vicaria en sus respectivos ámbitos de competencia; a implementar medidas y mecanismos efectivos para prevenir, atender y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos, así como para garantizar que los asuntos en que se vean involucradas niñas, niños y adolescentes sean atendidos por personal experto y especializado en esa materia, para asegurar que se adopten decisiones que respondan a sus derechos e interés superior.
Este Organismo Nacional se congratula de la presentación de diversos proyectos de Ley para el reconocimiento, atención y prevención de la violencia vicaria en diversas entidades federativas del país, así como a nivel federal, por lo cual hace un llamado a las personas legisladoras para que las analicen, impulsen y aprueben a la brevedad, y consideren la asignación de recursos presupuestales, materiales y humanos para su ejecución.
En ese mismo tenor expresamos nuestro reconocimiento y congratulación por la reciente publicación del Protocolo Analítico para Juzgar con Enfoque de Género emitido por el Poder Judicial de la Ciudad de México, así como su compromiso para atender los casos remitidos por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos que conciernen a la actuación de varios órganos jurisdiccionales en entidad federativa.
¡Defendemos al Pueblo!