Gildardo Mota
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración ordenó incorporarse a su centro de trabajo al secretario general del comité ejecutivo del Sindicato de Solidaridad de los Trabajadores de los Poderes del Estado de Oaxaca y Organismo Descentralizados, Horacio Tapia Cervantes, esto luego de que el citado organismo obtuviera la protección de la justicia federal para que sus afiliados puedan acceder a las prestaciones labores que por ley tienen derecho.
Y es que en 2002, según Tapia Cervantes, el Gobierno del Estado suspendió la entrega de prestaciones laborales al Sindicato Solidaridad, entre las que sobresalen basificaciones y recategorizaciones de trabajadores, esto con la intención de evitar el crecimiento del órgano sindical, por lo que en 2011 recurrieron al amparo para recuperar sus derechos.
El 13 de abril de 2012, en segunda instancia el Tribunal Colegiado de Circuito en materia de Trabajo y Justicia Administrativa del centro auxiliar de la XI región, según expediente 38/2012, ordenó al gobierno del estado conceder las prestaciones que por ley tienen derecho los integrantes del Sindicato Solidaridad.
Por su parte, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, conforme al expediente 77/2010 reconoce que el Sindicato Solidaridad tiene derecho a las siguientes prestaciones, por cierto referidas también por la justicia federal: préstamos directo o personales, línea blanca, paquete de materiales, derecho de guarderías, becas, estímulos por puntualidad y asistencia, otorgamiento de basificaciones, recategorizaciones, pago de los gastos insalubres, vales de despensa y estímulo al desempeño laboral, esto conforme al número de agremiados que lo conformen.
Y es que de acuerdo al convenio suscrito el 8 de abril de 1987 por el entonces secretario de administración del Gobierno del Estado, Isauro Cervantes Cortés y quien fuera secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, Reveriano Chagoya, en su cláusula primera refiere:
“El Gobierno del Estado se obliga expresamente a otorgar, con efectos retroactivos al primero de enero del presente año, un incremento del 26 por ciento al salario base mensual de todos los trabajadores del gobierno e instituciones descentralizadas de carácter estatal, incluyendo a los trabajadores sujetos a compensación, contrato, lista de raya, y otros conceptos, como comisiones, haberes, órdenes de pago, pagos por servicios personales prestados al estado por la ejecución de obras públicas”.
Sin embargo, en 1995 el gobernador Diódoro Carrasco Altamirano, en contubernio con el entonces secretario general del STSPEIDCEO, Héctor Caballero Julián, quien en su labor de esquirol propició la caída de Reveriano Chagoya, desconocen la cláusula de los convenios en donde se consideran las prestaciones socioeconómicas, para posteriormente reconocer únicamente a los trabajadores de base.
Tapia Cervantes sostuvo que al concederle la razón la justicia federal, el Gobierno del Estado recurrió por la misma vía legal para no cumplir con la entrega de las prestaciones laborales en forma retroactiva a partir de 2002, sin embargo no se le concedió el amparo, por lo que ahora, dijo, recurren a la represión ordenando el retorno a sus cetros de trabajo de cada uno de los integrantes del Sindicato Solidaridad.
No han enviado notificaciones por escrito, únicamente por vía telefónica nos hablan para decirnos que por órdenes del secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, tenemos que regresar a nuestros centros de labores, agregó el dirigente sindical.
Al perder en el terreno legal, luego del escamoteo de nuestras prestaciones laborales por más de 10 años, el Gobierno del Estado ahora recurre a la represión, con el objetivo de exterminar a un sindicato que ha evidenciado la corrupción que impera en el gobierno en turno, puntualizó Tapia Cervantes.
Según Tapia Cervantes el Sindicato Solidaridad se conforma por 35 trabajadores de base y 200 empleados de contrato, lista de raya, haberes y confianza, mismos que hoy enfrentan la fuerza gubernamental, pese a que en 2006 representaron una de las fuerzas aliadas del cambio y del hartazgo contra el PRI.