Por: Gildardo Mota

Las Procuradurías General de Justicia del Estado y para la Defensa del Indígena tienen algo en común: el nepotismo. Y es que Joaquín Carrillo Ruiz y Bertha Ruth Arreola Ruiz, titulares de las citadas dependencias, provienen de una camarilla que se debe favores.

En la Procuraduría para la Defensa del Indígena labora como Defensor de Oficio adscrito al juzgado de garantías del distrito judicial de Etla, Gabriel Carrillo Ruiz, pasante de derecho y hermano del Procurador de Justicia en el Estado, Joaquín Carrillo Ruiz, a quien por cierto la LXII Legislatura Local le dispensó el requisito de antigüedad y experiencia en materia legal.

En la PRODI impera la ley de Bertha Ruth Arreola Ruiz, pues ha convertido a la mencionada institución en una agencia de colocaciones, existen varios casos que rayan en el cinismo, como el de su prima hermana, Dolores Ruiz, persona de avanzada edad y sin estudios que supuestamente cubre un horario de labores en las Defensorías de Oficio adscritas a los Juzgados Penales de Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino.

Para variar, en la Defensoría juzgado séptimo penal, la Procuradora para la Defensa del Indígena asignó a su sobrino político, José Eduardo Molina Aquino, a quien además brindó facilidades para realizar su tesis y cobrar simultáneamente en la PRODI, es decir,  no cumplió con su labor de Defensor de Oficio.

Pablo Escobar García, sobrino de Arreola Ruiz, ingresó a la nómina de la PRODI por más de seis meses cobrando como supuesto Defensor de Oficio, actualmente por recibir un curso que ofreció el Tribunal Superior de Justicia del Estado a los aspirantes a jueces se mantiene como abogado en la citada Procuraduría, su relación familiar con la titular de la misma, le permitió ser adscrito al juzgado de Juchitán de Zaragoza.

Otro caso similar es el de Alicia del Carmen Sánchez Ocampo, sobrina de Arreola Ruiz, quien pese a cobrar como Defensor de Oficio adscrita a la Primera sala penal del Tribunal Superior de justicia, concluyó hace unos días el curso para ser contratada como juez.

Los ahijados de Arreola Ruiz también tienen espacio en la PRODI, pues Karla y Francisco Ramos Matilde, hijos del Defensor de Oficio y compadre de la Procuradora para la Defensa del Indígena, Francisco Ramos Cervantes, se encuentran adscritos en las Defensorías de Juchitán y Choapam, respectivamente.

Las influencias de Bertha Ruth Arreola le han permitido colocar a su sobrino Juan Carlos Salazar, en calidad de Defensor en el Registro Civil, pese a que existen quejas en contra de dicho funcionario por realizar cobros indebidos. Otro caso de nepotismo es Divina Calvo, adscrita a la Defensoría de Ocotlán, y también sobrina de la Procuradora.

La lista de algunos nombres que aquí se mencionan demuestra el nepotismo que impera en la PRODI, cuya institución prácticamente se ha convertido en agencia de colocaciones en poder de una funcionaria de avanzada edad.