Por: Gildardo Mota

Con el  supuesto argumento de rescatar y preservar la historia de Oaxaca, el empresario  Alfredo Harp Helú no sólo se ha apropiado mediante la figura del comodato de inmuebles históricos, sino que también se apresta para adueñarse del patrimonio documental del estado, pues a través de su agrupación civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México pretende imponer a Jacobo Babines López, en calidad de director del Archivo General del Poder Ejecutivo.

Y es que derivado del convenio suscrito en agosto de 2011 por el Poder Ejecutivo con ADABI, filial de la fundación Alfredo Harp Helú, miembros de la citada asociación sustrajeron del Archivo General más de 7 mil paquetes correspondientes a Gobierno, Justicia, Milicia, Tesorería y Registro Civil Histórico, así como 3 mil 994 libros de los siglos XIX y XX.

De acuerdo a fuentes consultadas del Archivo General, la documentación histórica del estado fue enviada a las instalaciones de ADABI, ubicadas en el número 322 de la calzada de San Felipe del Agua, en la ciudad de Oaxaca, cuyas oficinas son arrendadas por el Poder Ejecutivo; las mismas fuentes revelaron que los documentos históricos no han sido retornados al Archivo General, ignorándose el motivo.

Y es que de acuerdo a las fuentes consultadas, durante el proceso de sustracción de documentos del Archivo General, el representante de ADABI, Alejandro Bandala asumió actitudes de prepotencia ante trabajadores que se oponían a dicho acontecimiento y que asumieron la defensa del patrimonio histórico de los oaxaqueños, pues anteriormente no se permitía la salida de un solo documento, menos para entregarlo a personas ajenas a la institución.

La salida de Carlo Magno Ochoa Arellano de la Dirección del Archivo General exhibió la discrecionalidad con que el Poder Ejecutivo suscribió el convenio de colaboración con ADABI, ya que sus principales cláusulas han sido violentadas por parte de la agrupación civil, situación que ha puesto en riesgo el acervo cultural e histórico de Oaxaca.

En este contexto, se ubica la violación a la cláusula décima del convenio de colaboración suscrito por el Poder Ejecutivo con ADABI en junio de 2011, pues la agrupación civil ha incumplido con la impartición de talleres de capacitación y actualización para el personal del Archivo General, por el contrario, su representante, Jacobo Babines López contrató personal ajeno a la institución.

A  lo anterior se agrega la opacidad informativa en torno al citado convenio de colaboración, ya que se desconoce de qué partida presupuestal del Poder Ejecutivo se utiliza para financiar los “trabajos” de ADABI, en contraste personal del Archivo General labora en condiciones insalubres y con carencias materiales, además de que las instalaciones no son propias para la preservación del Acervo Cultural.

De acuerdo a trabajadores entrevistados, las instalaciones del Archivo General carecen de ventilación, diariamente respiran partículas de polvo y hongos que son producto de la antigüedad de los documentos, carecen del suministro de agua y hasta de material para realizar la limpieza.

Actualmente y después de muchos años, refirieron que a principios de 2011 se inició el cambio de la estantería de madera por metálica, cuyos trabajados se realizaron por nueve meses, ya que se removieron 16 mil 500 metros lineales de documentación.

Los empleados confirmaron que en los primeros días de 2011, un grupo de integrantes de ADABI encabezados por Alfredo Harp Helú asistieron a las instalaciones del Archivo General, durante el recorrido observaron y escucharon el interés que el citado empresario y supuesto filántropo mostró por algunos documentos históricos.

Lo anterior muestra el interés de Isabel Grañén Porrúa, esposa de Alfredo Harp Helú y presidenta de la asociación civil ADABI, por nombrar a Jacobo Babines López como nuevo titular del Archivo General, con el fin de disponer de la documentación histórica del estado de Oaxaca.

ADABI y el tráfico de la documentación.

El hallazgo en el Archivo General del bando solemne mediante el cual se promulga la Constitución del Estado de Oaxaca de 1922, así como la Constitución del mismo año, cuyo acontecimiento se lo adjudicó ADABI, traería consigo la primera acción de tráfico de documentación histórica y de información por parte de miembros de la citada agrupación civil.

La restauradora María Fernanda Blazquez utilizó documentos históricos y las instalaciones del Archivo General al proporcionar indebidamente fotocopia e información detallada del bando solemne al abogado Ramsés Aldeco. La citada persona, establecen las fuentes, fue contratada por ADABI para realizar labores de restauración, no para proporcionar información, sin embargo su actuación ha puesto en riesgo documentación histórica.

Empleados aportaron pruebas del citado tráfico de documentación histórica y de información, al mostrar una fotografía tomada en el interior del Archivo General, en donde la restauradora María Fernanda Blazquez entrega fotocopias al abogado Ramsés Aldeco.

De acuerdo a las fuentes consultadas, Jacobo Babines López tuvo conocimiento del citado tráfico de información y de documentación, sin embargo se abstuvo de informar a las autoridades competentes, esto pese a ser el responsable del proyecto de “rescate” del Archivo General.