* Acusan a la Fundación “Harp” de pretenderse apoderar del acervo cultural a través del rescate del Archivo Histórico.

José Luis Sarmiento / Gildardo Mota

Declarada por la UNESCO en 1987 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, la Ciudad de Oaxaca se encuentra en riesgo de que sus bienes, templos y acervos se sigan poniendo en manos de empresarios que los explotan para beneficio personal, gracias negociaciones de “alto nivel” y supuestos rescates patrimoniales, que les ha permitido apoderarse de riquezas invaluables que son del pueblo de Oaxaca, de México y del Mundo. Con el último escándalo sobre el Ex Convento de Santa Catarina de Siena, hoy hotel Quinta Real, donde el gobierno federal va a invertir casi 19 millones de pesos, se pone al descubierto el beneficio que obtienen particulares con la explotación del patrimonio, pero además, con la asignación de recursos públicos.

Diversos templos y ex conventos de Oaxaca se están explotando desde hace varios años por grupos empresariales, que a través de fundaciones y rescates de la infraestructura física, han logrado apoderarse a través de comodatos de esos bienes considerados invaluables para la humanidad, de ahí que se encuentran dentro del área declarada por la UNESCO para su conservación.
Desde antes de que se destapara la cloaca de lo que pretende hacer el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el Ex Convento de Santa Catarina de Siena, otros espacios se han asignado a particulares hasta por 99 años, como el Ex Convento de San Pablo, ubicado en céntricas calles de la capital y creado en la época pre-cortesana con el nombre de Convento de Santo Domingo de Soriano, tras la invasión Española.
Rodeado de construcciones modernas en la manzana que conforman Avenida Independencia y calle Hidalgo (al norte y al sur), así como Fiallo y Armenta y López (al este y poniente), dicho ex Convento hoy se conoce como Centro Cultural San Pablo, donde hay cafetería y restaurante, además del retablo y la biblioteca, entre otros espacios y oficinas que rompen con la arquitectura del lugar, explotados en la actualidad por la Fundación “Harp Helú”.
Y es que dicha asociación fundada por Alfredo Harp Helú, realizó el rescate y remodelación del ex convento, además de liquidar a los dueños de las propiedades y comercios que se encontraban en los alrededores, por lo que recibió el ex convento bajo un comodato por hasta 99 años.
Otra joya del arte barroco rescatada y ahora explotada por la citada Fundación, es el Templo de San Jerónimo Tlacochahuaya, fundado por los frailes dominicos a mediados del siglo XVI, el cual es famoso porque personas de bastos recursos económicos gustan de casarse en el lugar, pagando grandes sumas de dinero.
Actualmente, la Lista de Patrimonio Mundial cuenta con 936 sitios inscritos, de los cuales 725 son bienes culturales, 183 bienes naturales y 28 bienes mixtos, situados en 153 Estados Partes. A partir de marzo de 2012, 189 Estados Partes han ratificado la Convención del Patrimonio Mundial.
México cuenta con 31 Sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de los cuales, 4 bienes son naturales (N) y 27 bienes son culturales (C).

Dinero público
al Quinta Real

Entre esta serie de privatizaciones disfrazadas, la Asociación Civil Pro-Oax exigió al gobierno federal que no invierta recursos públicos en la remodelación del Ex Convento de Santa Catarina de Siena —Hotel Quinta Real— a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por un monto de 18 millones 729 mil 981 pesos.
En un texto entregado a los medios de comunicación, la agrupación fundada por el artista plástico Francisco Toledo lamentó que se pretendan destinar recursos públicos en beneficio de particulares que explotan dicho Ex Convento, en vez de destinar el presupuesto a obras de beneficio social en el estado y el país.
“Desde que el gobierno federal entregó el ex convento en administración a la cadena hotelera Quinta Real, los ciudadanos no sabemos cuánto le paga la cadena al gobierno y a dónde se destinan y han destinado estos recursos durante décadas”, lamentaron en la misiva. “¿A quién beneficia esta inversión de 18 millones 729 mil 981 pesos, que podría destinarse a fines públicos?”, cuestionaron.
Pro-Oax exigió al gobierno federal la anulación de la escritura que tiene el Fonatur como propietario del inmueble explotado por la cadena Quinta Real y que la paraestatal rinda cuentas del contrato que tiene celebrado con la empresa hotelera.
Del mismo modo, que el ex convento vuelva a formar parte del patrimonio de la nación para que vuelva a ser inalienable, porque este fideicomiso tiene patrimonio propio y puede hacer con él, lo que desee, al regirse por normas de carácter privado, en beneficio sólo de la cadena hotelera Quinta Real.
“La postura de PRO OAX es que se reivindique el inmueble como bien nacional, anulando la escritura de FONATUR y que el gobierno federal, si desea seguir usufructuándolo como hotel, sea a través de una concesión que es la forma que la ley señala para disfrutar privativamente de los bienes de la Nación”, recalca el documento.
El ex convento de Santa Catarina de Siena ha sido cárcel municipal, cárcel estatal y juzgados penales, mientras en el otro extremo del edifico era la sede del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y la Logia Masónica.
El artículo 36 de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, protege a los bienes nacionales pertenecientes al Estado, sin embargo, en 1974, Luis Echeverría decretó el rescate del ex convento, restaurándolo para destinarlo en fideicomiso a un hotel a través de Nacional Hotelera, empresa paraestatal del gobierno federal. En 1988, Miguel de la Madrid concluyó el fideicomiso.
Al extinguirse un fideicomiso de administración, como el firmado con Nacional Hotelera, lo correcto era que el inmueble regresara a su origen como bien nacional inalienable de acuerdo con la ley; pero no fue así.

Van por el acervo cultural

Con el supuesto argumento de rescatar y preservar la historia de Oaxaca, el empresario Alfredo Harp Helú no sólo se ha apropiado mediante la figura del comodato de inmuebles históricos, sino que también se apresta para adueñarse del patrimonio documental del estado, pues a través de su agrupación civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México pretende imponer a Jacobo Babines López, en calidad de director del Archivo General del Poder Ejecutivo.
Y es que derivado del convenio suscrito en agosto de 2011 por el Poder Ejecutivo con ADABI, filial de la fundación Alfredo Harp Helú, miembros de la citada asociación sustrajeron del Archivo General más de 7 mil paquetes correspondientes a Gobierno, Justicia, Milicia, Tesorería y Registro Civil Histórico, así como 3 mil 994 libros de los siglos XIX y XX.
De acuerdo a fuentes consultadas del Archivo General, la documentación histórica del estado fue enviada a las instalaciones de ADABI, ubicadas en el número 322 de la calzada de San Felipe del Agua, en la ciudad de Oaxaca, cuyas oficinas son arrendadas por el Poder Ejecutivo; las mismas fuentes revelaron que los documentos históricos no han sido retornados al Archivo General, ignorándose el motivo.
Y es que de acuerdo a las fuentes consultadas, durante el proceso de sustracción de documentos del Archivo General, el representante de ADABI, Alejandro Bandala asumió actitudes de prepotencia ante trabajadores que se oponían a dicho acontecimiento y que asumieron la defensa del patrimonio histórico de los oaxaqueños, pues anteriormente no se permitía la salida de un solo documento, menos para entregarlo a personas ajenas a la institución.
La salida de Carlo Magno Ochoa Arellano de la Dirección del Archivo General exhibió la discrecionalidad con que el Poder Ejecutivo suscribió el convenio de colaboración con ADABI, ya que sus principales cláusulas han sido violentadas por parte de la agrupación civil, situación que ha puesto en riesgo el acervo cultural e histórico de Oaxaca.
En este contexto, se ubica la violación a la cláusula décima del convenio de colaboración suscrito por el Poder Ejecutivo con ADABI en junio de 2011, pues la agrupación civil ha incumplido con la impartición de talleres de capacitación y actualización para el personal del Archivo General, por el contrario, su representante, Jacobo Babines López contrató personal ajeno a la institución.
A lo anterior se agrega la opacidad informativa en torno al citado convenio de colaboración, ya que se desconoce de qué partida presupuestal del Poder Ejecutivo se utiliza para financiar los “trabajos” de ADABI, en contraste personal del Archivo General labora en condiciones insalubres y con carencias materiales, además de que las instalaciones no son propias para la preservación del Acervo Cultural.
De acuerdo a trabajadores entrevistados, las instalaciones del Archivo General carecen de ventilación, diariamente respiran partículas de polvo y hongos que son producto de la antigüedad de los documentos, carecen del suministro de agua y hasta de material para realizar la limpieza.
Actualmente y después de muchos años, refirieron que a principios de 2011 se inició el cambio de la estantería de madera por metálica, cuyos trabajados se realizaron por nueve meses, ya que se removieron 16 mil 500 metros lineales de documentación.
Los empleados confirmaron que en los primeros días de 2011, un grupo de integrantes de ADABI encabezados por Alfredo Harp Helú asistieron a las instalaciones del Archivo General, durante el recorrido observaron y escucharon el interés que el citado empresario y supuesto filántropo mostró por algunos documentos históricos.
Lo anterior muestra el interés de Isabel Grañén Porrúa, esposa de Alfredo Harp Helú y presidenta de la asociación civil ADABI, por nombrar a Jacobo Babines López como nuevo titular del Archivo General, con el fin de disponer de la documentación histórica del estado de Oaxaca.

ADABI y el tráfico
de la documentación

El hallazgo en el Archivo General del bando solemne mediante el cual se promulga la Constitución del Estado de Oaxaca de 1922, así como la Constitución del mismo año, cuyo acontecimiento se lo adjudicó ADABI, traería consigo la primera acción de tráfico de documentación histórica y de información por parte de miembros de la citada agrupación civil.
La restauradora María Fernanda Blazquez utilizó documentos históricos y las instalaciones del Archivo General al proporcionar indebidamente fotocopia e información detallada del bando solemne al abogado Ramsés Aldeco. La citada persona, establecen las fuentes, fue contratada por ADABI para realizar labores de restauración, no para proporcionar información, sin embargo su actuación ha puesto en riesgo documentación histórica.
Empleados aportaron pruebas del citado tráfico de documentación histórica y de información, al mostrar una fotografía tomada en el interior del Archivo General, en donde la restauradora María Fernanda Blazquez entrega fotocopias al abogado Ramsés Aldeco.
De acuerdo a las fuentes consultadas, Jacobo Babines López tuvo conocimiento del citado tráfico de información y de documentación, sin embargo se abstuvo de informar a las autoridades competentes, esto pese a ser el responsable del proyecto de “rescate” del Archivo General.