· Llamó a los senadores a reformar el artículo 108 constitucional para poder sancionar al Ejecutivo federal en caso de incurrir en el delito de corrupción.
· La lucha por combatirla ha encontrado siempre enormes resistencias y obstáculos, lamentó.
· La ley tiene avances como la extinción de dominio en caso de corrupción; se podrá fiscalizar a empresarios que incurran en ese mismo acto junto con funcionarios.
Si bien la ley Anticorrupción que fue aprobada en la Cámara de Diputados federal hay que reconocerle aspectos positivos, pero evita que el Jefe del Ejecutivo, pueda ser juzgado por cualquier acto de corrupción, explicó el diputado Hugo Jarquín.
Apuntó que “la corrupción tiene que atacarse desde arriba, sin importar que sea el mismo Presidente de la República. No debe haber impunidad para nadie, por lo que muchos ex presidentes se han valido de que sólo pueden ser juzgados por traición a la patria para servirse con la cuchara grande”.
El Primer mandatario está obligado a cumplir la Constitución y demostrar fehacientemente que en el manejo de fondos y recursos públicos está limpio, y si no fuera así, si se aprovecha de su cargo para hacerse de dinero y propiedades de manera irregular, debe ser castigado como cualquier otro funcionario público, apuntó el diputado federal perredista.
En tal sentido dijo que espera que a la minuta de la Cámara de Diputados que fue enviada al Senado, los senadores reformen el artículo 108 constitucional, donde se precise que debe ser sancionado por incurrir en el delito de corrupción.
Por ejemplo, destacó el diputado capitalino, las acusaciones que ha habido en contra del actual mandatario por la manera que se asegura obtuvieron él y su esposa, la Casa Blanca a cabio de favores, es un asunto que la gente en la calle exige que se le sancione.
En este mismo sentido, Jarquín alertó que si bien la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción fue aprobada con 409 votos, se percibe que por presiones de un grupo de gobernadores, en los congresos estatales se corre el peligro de no ser aprobada porque no les conviene, incluso al propio Ejecutivo federal.
Explicó que después de ser admitida por la Cámara de Diputados, la Ley debe pasar al Senado y luego a los congresos estatales para después ser promulgada por el Presidente de la República, sin embargo, en los pasillos de la Cámara se especulaba que podría correr la suerte de ser guardada en la congeladora parlamentaria.
Destacó que la lucha por combatir la corrupción en México, ha encontrado siempre enormes resistencias y obstáculos. Siempre ha habido presiones para evitar se juzgue a quienes lleven a cabo actos de corrupción desde el gobierno mismo.
La ley, dijo, tiene avances importantes como la extinción de dominio en caso de corrupción por parte de servidores públicos, además que se podrá fiscalizar a empresarios que incurran en ese mismo acto junto con funcionarios que podrán ser juzgados e ir a la cárcel.