* Los proveedores del Gobierno del Estado en bancarrota; calculan adeudos en 2 mil 200 MDP

José Luis Sarmiento Gutiérrez

El gobierno de alternancia encabezado por Gabino Cué resultó en un rotundo fracaso por los excesos, los desfalcos, los endeudamientos y la corrupción que se enclavaron en las más altas esferas del poder durante los últimos seis años, lo que mantiene sumido al estado en la peor crisis social y económica de las últimas décadas.
No conforme con el estilo mesiánico y frívolo de gobernar, en diciembre del 2015 fue aprobado por el Congreso local –de última hora y a oscuritas–, el nuevo impuesto del 2.5 por ciento implantado arbitrariamente por Cué Monteagudo sobre los ingresos de los proveedores del Gobierno estatal.
El periódico oficial publicó el 31de diciembre del año pasado, la implementación de la nueva carga tributaria como un certero golpe a las finanzas de personas físicas y morales, que prestan servicios, realizan obras o venden cosas necesarias para el funcionamiento del Gobierno de Oaxaca.
La Secretaría de Fianzas encabezada por Enrique Arnaud Viñas justificó la nueva contribución dentro de la Ley estatal de Derechos, bajo el argumento de que lo recabado sería destinado a servicios de control, vigilancia e inspección a cargo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por un monto del 2.5 por ciento sobre el total de la facturación y contratación de los proveedores.
Pero esa nueva tributación nunca llegaría a la hacienda del estado, porque el gobernador y su pandilla decidieron asaltar el presupuesto y no pagaron a los proveedores los adeudos de todo el ejercicio fiscal 2016. “Los va a pagar Alejandro Murat”, dijo con todo cinismo en una de sus últimas entrevistas como gobernador Gabino Cué.
La nueva administración que inició funciones el primero de diciembre calculó el adeudo a los proveedores en unos 2 mil 200 millones de pesos, cifra que se podría incrementar con los días, al revisar el estado financiero de cada una de las dependencias y sus endeudamientos.
De haber pagado este importe preliminar, el gobierno de Gabino Cué hubiera retenido mil 405 millones de pesos a sus propios proveedores, pero la morosidad y desfachatez de su administración al no cubrir sus compromisos económicos, impidió que este recurso fortaleciera, según lo estipularon, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Por lo pronto, el artículo 82 de la Ley estatal de Derechos establece que las personas físicas o morales, así como las unidades en su carácter de proveedores y prestadores de servicios, causarán y pagarán en 2.5 por ciento de lo contratado y facturado antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo cual será retenido por el Gobierno del Estado.
En tanto, la Legislatura local ya recibió el paquete fiscal presentado por el ejecutivo, con las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como las Leyes fiscales secundarias, que habrán de aplicar para el ejercicio 2017, por lo que serán las y los diputados quienes decidirán si habrá de prevalecer o derogarse el impuesto de Gabino Cué en perjuicio de los proveedores.
En los últimos meses, las cámaras empresariales y las agrupaciones del comercio mediano y pequeño, admitieron que por lo menos unas 250 empresas y establecimientos habrían caído en la bancarrota, como consecuencia del estancamiento económico producto de la mezquindad y la corrupción que pernearon la administración de Gabino Cué, lo que impactó además en la pérdida de cientos de empleos directos e indirectos.

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