Por: Gildardo Mota
A tres meses de asumir la presidencia municipal de Zimatlán de Álvarez, el panista Javier Barroso Sánchez mostró rápidamente sus intenciones de convertir a su gobierno en un gran negocio, apenas en enero asumía el cargo de primer concejal e inmediatamente promovió la instalación de una planta tratadora de residuos sólidos (basura), días después a través de torpes operadores políticos pretendía imponer autoridad en la agencia de San Sebastián Río Dulce, hoy esta comunidad registra un clima político y social alterado, el cual podría colapsar la estabilidad en la región.
Tras la elección del agente municipal de San Sebastián Río Dulce se encuentra el interés de un grupo de caciques identificados con las familias Ramírez Celis, Salinas y Mendoza Cruz por recuperar el control económico sobre la explotación forestal de la zona, quienes invitaron a este gran negocio al munícipe de Zimatlán de Álvarez, Javier Barroso Sánchez.
A la ambición de caciques y del edil de Zimatlán de Álvarez se agrega la revocación de la elección de autoridad municipal en San Sebastián Río Dulce efectuada el dos de octubre de 2016 por parte del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, así como la indolencia de los titulares de las Secretarías General de Gobierno y Seguridad Pública, Alejandro Avilés Álvarez y José Raymundo Tuñón Jáuregui.
En una carta enviada a la opinión pública, pobladores de San Sebastián Río Dulce responsabilizan de la violencia que se genere en su comunidad, así como de la inestabilidad que se desprenda en la región, a los funcionarios de la SEGEGO y SSP, al Presidente Municipal de Zimatlán de Álvarez y al Presidente del TEEO, Raymundo Wilfrido López Vásquez, éste último por emitir un torpe criterio jurídico y ajeno a la realidad política y social de la comunidad en referencia.
Y es que de acuerdo a su sistema normativo interno, antes usos y costumbres, la comunidad de San Sebastián Río Dulce eligió a su agente municipal el dos de octubre de 2016, sin embargo, el munícipe de Zimatlán de Álvarez, Barroso Sánchez pretendió el nueve de marzo del año en curso emitir una convocatoria para realizar una nueva elección de la autoridad municipal, pero a modo para los intereses de los caciques.
A través de Antony Geudyel Sánchez Castellanos y Ángel García Ríos, el Presidente de Zimatlán de Álvarez pretendió en su primer intento fallido realizar la elección del agente de San Sebastián Río Dulce, situación que generó el descontento de la población y la elaboración de una minuta de acuerdos que no se ha cumplido por parte del edil y de los representantes de la SEGEGO y SSP.
Para variar, el 16 de marzo el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en un acuerdo emitido por Raymundo Wilfrido López Vásquez, que se desprende del expediente JDCI/51/2016 y su acumulado JDCI/54/2016, ordena revocar la elección del dos de octubre de 2016, lo que propició condiciones políticas favorables para el grupo de caciques y el edil de Zimatlán de Álvarez, así como mayor malestar en la población de San Sebastián Río Dulce al no respetarse su voluntad.
Pobladores de San Sebastián Río Dulce enviaron escritos el 24, 28 y 29 de marzo al Secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, en donde revelan nombres de los caciques que desestabilizan la comunidad, informan de antecedentes del proceso electoral y del actuar desaseado del presidente del Tribunal Electoral del Estado, así como de las condiciones que la misma comunidad determinó para permitir participar en la próxima jornada electoral a pobladores que tengan más de 30 años de vivir en la agencia, hasta hoy no obtienen respuesta del funcionario estatal.
En contraste, el 29 de marzo funcionarios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca firmaron en forma de burla e ilegal una minuta de acuerdos con falsos representantes de los Bienes Comunales de San Sebastián Río Dulce, como son: Filomeno Hernández Vásquez, Miguel Wenceslao Cruz López y Santiago Mejía Vásquez, integrantes del grupo que desestabiliza a la comunidad.
A lo anterior se agrega otro acto de provocación en contra de la comunidad de San Sebastián Río Dulce, cuando en la madrugada del primero de abril en forma clandestina funcionarios del IEEPCO y del Ayuntamiento de Zimatlán de Álvarez colocaron la convocatoria para elegir al agente municipal, lo que deriva en mayor irritación de los pobladores y en la elaboración de la carta que también se envía al Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, cabe mencionar que nunca existió la retención de funcionarios, como se difundió en algunos medios de comunicación.
De acuerdo a los pobladores de San Sebastián Río Dulce, la desestabilización en su comunidad la encabezan Fernando Mendoza Cruz, Tereso Salinas Vásquez Filomeno Hernández Vásquez y Pedro Salinas Cruz, apoyados por Wenceslao Cruz López, Santiago Mejía Vásquez, Gerardo Salinas López, Leonardo Ramírez Celis, Benjamín Ramírez Celis, Carlos Vásquez, Petronila Ramírez Celis, Teodoro Vásquez Salinas, Malaquías Cruz Salinas, Salustiano Celis Vásquez, Doroteo Cruz Hernández, Gregoria Mejía López, Lorenzo Justiniano Hernández, Asunción Cruz Mejía, Melchor Salinas Cruz, Leónides Cruz Mendoza, Guadalupe Celis Salinas, Teresa Hernández López, Florentino Cruz, Isabel Mejía Vásquez y Rutilo Celis Cruz.
Los pobladores inconformes también revelaron que los hermanos Leonardo y Benjamín Ramírez Celis, propietarios de las tintorerías “Tacuba”, en la ciudad de Oaxaca, quienes habrían sacado provecho económico de los Bienes Comunales de San Sebastián Río Dulce, en la década de los ochenta, financian acciones desestabilizadoras con el fin de tener el control de la autoridad administrativa municipal.
Citan también el caso de Pedro Salinas Cruz, quien es taxista del sitio Antequera en la ciudad de Oaxaca, en donde radica desde hace más de 30 años y por su antigüedad fue beneficiado con una concesión al ser trabajador del volante.
Por lo anterior, los pobladores de San Sebastián Río Dulce manifiestan disposición para efectuar las elecciones, pero advierten que no hay condiciones en este momento por el manoseo político en que ha incurrido la autoridad municipal de Zimatlán de Álvarez, de igual forman solicitan que en la jornada electoral no participen las personas que tienen más de 20 años sin radicar en la comunidad, sólo aceptarían la participación de quienes registran tres años de ausencia.
Los citados planteamientos han sido expuestos al titular de la SEGEGO, Avilés Álvarez, sin embargo hasta esta fecha los pobladores no encontraban respuesta, en tanto el conflicto político amenaza con alterar la estabilidad en la zona.