Por: Ricardo Corona

En 2018, la policía de Delhi adquirió tecnología de reconocimiento facial para apoyar sus tareas en la búsqueda de niños desaparecidos. Se trata de algoritmos que funcionan a partir de una base de datos que puede ser tan grande como la población misma, para verificar la identidad de las personas según el mapa de su cara que se tenga registrado, o bien, para identificar a una persona a partir de una fotografía. A pesar del objetivo inicial, con el tiempo fue surgiendo información pública proporcionada por la misma policía, que revelaba el uso de esa tecnología más bien para investigar a personas vinculadas, por ejemplo, con los disturbios que ha padecido Delhi durante los últimos tres años. Pero eso no es todo, hay algunos problemas adicionales. El primero es que Delhi no cuenta con regulación de protección de datos personales, un vacío normativo que abre la puerta a graves discrecionalidades. El segundo, es el grado de falibilidad que puede tener esa herramienta, ya que las coincidencias con más de 80% de similitud son tratadas como resultados positivos, algo así como que el que más se parezca, aunque no sea, se le identifica como la persona buscada. Y para el caso de las personas que tengan menos de 80% de coincidencia, la policía cuenta con facultades adicionales para complementar sus investigaciones. Así pues, lo que parecía ser una solución innovadora para localizar niños desaparecidos, fue motivo de una gran discusión que puso en la mesa el grave riesgo de adoptar de manera discrecional y opaca herramientas tecnológicas que podrían afectar a la ciudadanía en su integridad física y la de sus datos personales. Lo que ha pasado en Delhi es un problema que México ya quisiera para poner a prueba su legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, pero ya ni si quiera a partir del trabajo que debería hacer el Estado, ni del aprovechamiento de IA, sino del trabajo de organizaciones como Causa en Común que llevan años buscando tener acceso a información que permita analizar las condiciones de desarrollo de las policías mexicanas a partir de herramientas como su Índice de Desarrollo Policial (INDEPOL) para proponer, con evidencia documentada, mejoras al desempeño de sus policías, una deuda que se ha adherido a la historia de México. Sin embargo, el firme avance que ha tenido la transición de la Guardia Nacional a las filas castrenses parece declarar clausurado el interés, al menos para nuestra generación que aparentemente se irá quedando sin policías, de políticas encaminadas a fortalecer el desempeño de quienes históricamente han sido responsables de mantener la seguridad, el orden público y la protección física y patrimonial de la ciudadanía.

@RichCorona