Por: Alejandra Bárrales M

Son relevantes las reformas a los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, así como a las leyes generales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Víctimas, y a la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque se establece la obligación del ministerio público y la policía de aplicar la perspectiva de género en la atención de los feminicidios; se agregan derechos para las víctimas como el acceso universal de justicia y la reparación integral del daño en todos los casos. 
 
Son reformas que robustecen las herramientas para las instituciones de procuración e impartición de justicia a fin de prevenir y erradicar el feminicidio, además, se establece que la federación y las entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas para atender los delitos contra las mujeres, así como con centros de justicia especializados.   
 
Se incorpora el concepto de perspectiva de género, para que los servidores públicos encargados de la administración de justicia apliquen la perspectiva de género ante los casos de violencia feminicida. Relevante, debido a que la aplicación de los lentes de género implica la sensibilidad y empatía del servidor público, porque son casos en donde le arrebataron la vida a una madre, a una hija o a una esposa, una hermana, una sobrina; están frente al  padre de familia, la madre o los hijos a los que les arrebataron a un ser querido. 
 
Es imperante que la negligencia y omisión de las fiscalías e instituciones responsables de la administración y procuración de justicia se erradiquen.  Los encargados de administrar la justicia deben cumplir con su función, porque de que lo hagan bien depende salvar vidas; deben desterrarse estereotipos de género, desde el ¿cómo iba vestida?, o ¿qué hacía a ciertas horas de la noche? 
 
Debemos visibilizar que cada día desaparecen 11 niñas, adolescentes y mujeres en este país. Tan solo en la primera mitad de este año México registró 479 feminicidios. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, junio fue el tercer mes consecutivo más violento para las mujeres y las niñas, con 87 feminicidios en total y el cuarto mes al alza en homicidios dolosos de mujeres, con 281 casos. Sumado a lo anterior, en junio se registraron 2 mil 138 delitos por violación, lo que significa más de 70 violaciones por día.  
 
Aún falta mucho por hacer, porque de manera lamentable la violencia feminicida no para. Pero también es real que no parará aumentando las penas, el sistema penal debe migrar de punitivo a ser preventivo pero en tanto se debe utilizar todos y cada uno de los mecanismos necesarios para erradicar y eliminar la violencia; ajustar los mecanismos procesales para hacer de la protección de la justicia algo real y palpable. 
 
Resulta doloroso que a más de siete años del feminicidio de la niña Fátima, violada, apuñalada y lapidada por tres vecinos, vemos a su madre en protesta constante para visibilizar su demanda de justicia ante una sociedad a la que califica de omisa e indolente frente a las víctimas de feminicidio. José Misael Atayde Reyes salió libre en junio pasado, fue sentenciado a cinco años de prisión, porque cuando participó en el crimen de la niña era menor de edad. 
  
Circunstancia que valió para que un juez del Estado de México resolviera que Misael «sería reinsertado a la sociedad porque tenía derecho a un proyecto de vida”, proyecto de vida que los feminicidas no le respetaron a una niña de 12 años, reprochó la madre de Fátima, hace unos días cuando realizó una protesta frente al teatro Juárez, en Guanajuato, en el marco  Festival Cervantino 2022. 
 
Es importante que como sociedad no perdamos nunca la capacidad de sensibilizarnos, de indignarnos ante la violencia de género que se registra en nuestro país, así como la capacidad y el valor de actuar y hacer algo para que las niñas, adolescentes y mujeres de este país podamos vivir sin miedo.   
@Ale_BarralesM