Por: Roció Barrera

México, una nación con una rica historia de migración, enfrenta una crisis sin precedentes en 2023. La situación ha alcanzado niveles alarmantes, con un flujo constante proveniente de Centroamérica, Haití, y en particular, en los últimos meses, de Venezuela Ecuador y Colombia. La situación en Tapachula, Chiapas, la ciudad fronteriza en el sur de México –al igual que otras entidades colindantes–, es un claro reflejo de este dilema. Sus calles resuenan con voces en múltiples idiomas, evidenciando la diversidad de los migrantes que buscan un futuro mejor. Las cifras son contundentes: se espera que México reciba un récord de 150 mil solicitudes de asilo este año, un aumento significativo desde las 118 mil 570 tramitadas en 2022, según lo ha reportado por el periódico New York Times.

De acuerdo al diario estadounidense, en los primeros siete meses del año las autoridades mexicanas registraron 140 mil 671 migrantes procedentes de países sudamericanos, con cifras récord de personas de Venezuela y Ecuador, frente a 102 mil 106 de Centroamérica. 

“Estos cambios en los patrones migratorios son especialmente visibles en la selva del Darién, la estrecha franja de territorio que conecta Colombia y Panamá. Venezolanos y ecuatorianos son las nacionalidades que más transitan por allí, donde el auge de los cruces de migrantes se ha convertido en un negocio multimillonario. En 2022, casi 250 mil personas cruzaron la selva, un récord anual. Este año, esa cifra aumentó a 380 mil hasta el 18 de septiembre, según las autoridades panameñas”.

¿Qué impulsa a estas personas a emprender un viaje tan peligroso? La respuesta es compleja y multifacética, pero en su esencia, se trata de buscar seguridad y un futuro mejor para sus familias. Europa también enfrenta desafíos similares, con grupos de derecha que argumentan que los migrantes, principalmente de origen africano, están «invadiendo» sus territorios. Esta retórica ha alimentado tensiones y divisiones en países como Francia, Inglaterra, Italia y Alemania.

En México, el desafío no es solo gestionar el flujo de migrantes, sino también abordar las condiciones inhumanas que enfrentan a manos de autoridades y la delincuencia organizada –que los ven como fuente de ingresos–, y son objeto de extorsiones, violencia sexual, secuestros, narcotráfico y hasta asesinatos. Su geografía lo coloca en una posición única, actuando como un puente hacia América del Norte. Esto lo ha llevado a enfrentar presiones tanto de los países de origen de los migrantes como de EU.

Las comunidades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, también han sido afectadas. 

Estas ciudades han visto un aumento en el número de migrantes varados, esperando una oportunidad para cruzar a Estados Unidos o decidir su próximo paso. Las organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos de abusos contra ellos. La tragedia en Ciudad Juárez, el pasado 27 de marzo, donde más de 40 migrantes perdieron la vida en un incendio ocurrido en un albergue del Instituto Nacional de Migración de México, es un sombrío recordatorio de las condiciones precarias que enfrentan. Y como respuesta, su titular, Francisco Garduño, continúa en el cargo, sin responsabilidad alguna, protegido por el manto presidencial de su amigo que habita en Palacio Nacional.

Dana Graber Ladek, representante de la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM-ONU Migración), enfatiza la imperiosa necesidad de reconocer sus historias y aspiraciones. En un artículo para el diario español El País, destaca que una gobernanza migratoria efectiva y humana no solo es esencial, sino que debe adoptar un enfoque regional, involucrando a todas las partes interesadas. Sin embargo, la falta de un programa claro y coherente por parte del gobierno ha exacerbado la situación. Organizaciones no gubernamentales, iglesias y voluntarios han establecido asistencia, comedores y refugios a los migrantes, una responsabilidad que debería recaer en el gobierno federal. La economía mexicana también se ha visto afectada. La interrupción de las rutas comerciales y la percepción de inestabilidad pueden tener repercusiones económicas a largo plazo. Ante este enorme problema, la respuesta del gobierno mexicano ha sido ambigua. Si bien se han encargado de publicitar “los esfuerzos” para proteger los derechos de los migrantes y ofrecerles asilo, también ha habido casos de deportaciones masivas y detenciones.

El exprocurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, en un mensaje publicado recientemente en la plataforma “X” –antes Twitter–, manifestó que resulta “curioso cómo los países con gobiernos que se dicen de izquierda y con tintes humanistas, son los que exportan más cantidad de migrantes por crisis humanitarias ¿Y a dónde intentan llegar los migrantes? ¡A los países capitalistas!”. Su afirmación plantea una observación sobre la paradoja que se presenta en el panorama migratorio global. Señala que, irónicamente, esas naciones, son a menudo las que enfrentan crisis humanitarias que llevan a sus ciudadanos a emigrar en grandes números hacia países con economías capitalistas que les ofrecen mayores oportunidades de empleo, estabilidad y calidad de vida.

A nivel internacional, la crisis migratoria en México ha atraído la atención de la comunidad mundial y es esencial una política migratoria clara y coherente, basada en los derechos humanos y en la realidad de la situación en el terreno. Cierto: no hay recetas mágicas para atender la crisis migratoria, porque es un desafío complejo y multifacético. Sin embargo, con una combinación de políticas efectivas, cooperación internacional y un compromiso con los derechos humanos, es posible encontrar una solución sostenible.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

@Rocio_BarreraB