Por: ROCÍO BARRERA

Apenas han transcurrido los primeros días de 2024, y México se tiñe con los trágicos colores de las promesas incumplidas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ofreció —como muchos otros compromisos quebrantados—, un cambio radical en la seguridad, pero no hay resultados y el país enfrenta un panorama desalentador. Y un ejemplo particularmente grave de esta espiral de extrema violencia se vivió recientemente tanto en Tabasco, el estado natal del presidente, Michoacán, el Estado de México, Chiapas, Morelos, Guanajuato y en la Sierra de Guerrero, donde la noche del pasado 4 de enero, según informó el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, se registró un ataque aéreo con drones, perpetrado por La Familia Michoacana contra una comunidad entera.

De acuerdo al relato, los sicarios de La Familia Michoacana atacaron la comunidad de Buenavista, donde se encontraban los pobladores en una festividad. Algunos testimonios indican el uso de drones artillados desde la tarde del suceso. Este ataque, que ha dejado al menos 30 muertos confirmados por testigos locales, es un reflejo de la brutalidad y el alcance del control del narcotráfico en Guerrero y muchos otros puntos del país, como Guanajuato, que resalta con una alarmante cifra de homicidios, siendo el estado con más asesinatos en 2023. Este incidente —marcado también por la reciente ejecución de tres dirigentes políticos, junto con la masacre en Heliodoro Castillo y sucesos similares en otras regiones—, subraya la urgente necesidad de una respuesta gubernamental integral y eficaz frente a la creciente ola de violencia y desplazamiento forzado por el crimen organizado y los capos del narcotráfico.

La violencia en Tabasco representa asimismo un alarmante indicador de la inseguridad. La ola de asaltos y violencia extrema —que según el presidente López Obrador es resultado de “reacomodos” entre grupos criminales—, refleja una preocupante realidad: el crimen organizado está en una fase de expansión y fortalecimiento, desafiando abiertamente las capacidades del Estado para mantener el orden y la seguridad pública. Este escenario de inseguridad, exacerbado por la reorganización de las bandas delictivas, subraya la necesidad crítica de una respuesta gubernamental más efectiva y estratégica para proteger a los ciudadanos y estabilizar la región. Y no, no busquemos eufemismos, ni tengamos reticencia en llamar a las cosas por su nombre, porque esta situación reviste ya proporciones de escándalo, pues no pasa un sólo día en que seamos testigos de la imparable escalada de violencia. Los medios informativos, tanto impresos como electrónicos, nos muestran la realidad lacerante que vivimos; una pesadilla que, a fuerza de repetirse, se ha vuelto cotidiana.

Un análisis de los últimos datos revela que este gobierno ha fracasado en cumplir sus metas de seguridad. La estrategia de seguridad implementada, que incluyó la extinción de la Policía Federal (PF) y la creación de la Guardia Nacional, ha resultado ineficiente. La militarización de la seguridad, con la Secretaría de la Defensa Nacional en control, no ha logrado contener la ola de violencia que azota al país y afecta a todos los sectores sociales. Y aunque desde las más altas esferas de gobierno intenten desviar la atención y buscar pretextos sobre probables “reacomodos” las estadísticas de la violencia en México, nos enfrenta a un panorama desolador. Los homicidios y feminicidios han alcanzado cifras alarmantes. En el transcurso del actual sexenio, se han registrado más de 161 mil homicidios dolosos, lo cual plantea serias dudas sobre la efectividad de las políticas de seguridad implementadas. La ideología de «abrazos, no balazos» promovida por el gobierno actual, lejos de generar una disminución en los índices de violencia, parece haber fracasado rotundamente. Frente a este sombrío escenario, los precandidatos en campaña se verán obligados a plantear estrategias de seguridad radicalmente distintas y más efectivas.

Carlos Pérez Ricart —profesor asistente de Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia en Economía (CIDE)—, en su análisis «Metas y desafíos de la seguridad en México en 2024», publicado en el diario Reforma, enfatiza la creciente complejidad de la situación. Las elecciones locales y el tráfico de migrantes han intensificado los conflictos entre cárteles, con la presencia de grupos como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, y la llegada de pandillas extranjeras —dice—. El ensayo del también doctor en Ciencias Políticas por la Freie Universität Berlin y licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, subraya cómo la rivalidad entre estos grupos criminales se ha agravado por el negocio del tráfico de migrantes, complicando aún más el panorama de seguridad. Tierra Caliente emerge como una zona crítica, dominada por la Nueva Familia Michoacana bajo el mando de los hermanos Hurtado Olascoaga, con un impacto que trasciende la región. También señala el sobreprecio de productos básicos como la tortilla, el aguacate —y yo agregaría el limón en Michoacán y Colima y el expendio de pollo en el Edomex—, que igualmente es reflejo del control ejercido por estos grupos criminales.

En Guerrero, la aparente complicidad entre estos grupos y figuras políticas locales, incluyendo a la gobernadora Evelyn Salgado y a la presidenta municipal morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández —quien ya solicitó licencia para buscar un escaño en el Senado y fue exhibida en reunión con presuntos miembros de la organización criminal “Los Ardillos”, adversario de “Los Tlacos”—, es un tema de preocupación. El aumento en la migración, la violencia electoral y la emergencia del fentanilo, son identificados en el análisis de Pérez Ricart como temas clave que impactarán a México en 2024, y subraya cómo el incremento en los flujos migratorios ha abierto oportunidades para delitos como secuestro y trata de personas. La violencia electoral es otro tema de preocupación, con un historial de asesinatos de candidatos y aspirantes en procesos electorales anteriores.

Si nos ceñimos a lo implacable de las cifras, parece que no podemos esperar nada en este año que comienza, pues de acuerdo a los datos que se registraron durante 2023, México vivió una realidad escalofriante: cada día, en promedio, 72 personas fueron asesinadas, y esta cifra, aunque ligeramente menor a la de 2022, no representó una mejora significativa. México enfrenta un fenómeno criminal diversificado y cada vez más complejo, que exige una respuesta multifacética y bien coordinada, por lo cual la seguridad pública debe ser una prioridad en la agenda política, con enfoques que aborden las raíces del problema y no solo sus síntomas. Los desafíos en seguridad para 2024 trascienden la simple contención de la violencia; se requiere una visión integral y sostenible, porque el país necesita no solo más policías o militares en las calles, sino también una mejora en la calidad de la procuración de justicia.

Sin duda, el próximo gobierno enfrentará un desafío que supera las herramientas convencionales de seguridad, dada la evolución del crimen organizado en México. La humildad y una visión renovada serán esenciales para abordar estos retos, evitando el error de reconstruir el país desde cero cada seis años. Desafortunadamente —pese a las tradicionales frases de buenos deseos—, como hemos sido testigos, el inicio de 2024 no ha traído el alivio prometido; por el contrario, para desgracia de todos, el gobierno de López Obrador se perfila como el más sangriento y mortífero de los últimos años en México.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

@Rocio_BarreraB