Por: Alicia Salgado

A lo largo de la actual Legislatura, se ha trabajado, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en la expedición de una nueva Ley Federal de Ciberseguridad y, en particular, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el diputado Javier López Casarín, quiere irse a la elección con la iniciativa final aprobada en el pleno de la Cámara baja.

Tiene aspectos positivos, pero prevalece la preocupación ante el traslape de dos conceptos distintos: ciberseguridad y seguridad nacional, y el debilitamiento que tiene el Inai en la investigación de ciberdelitos.

De aprobarse, el Estado contará con una Política Nacional de Ciberseguridad que contendrá las acciones necesarias para reducir riesgos cibernéticos, proteger la información, los bienes, los derechos de las personas y su seguridad, mediante el establecimiento de un sistema de responsabilidad compartida entre los actores públicos, privados y sociales, dirigido a prevenir y reducir los incidentes de ciberseguridad y la posible comisión de delitos.

Se propone la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad y una fiscalía especializada en delitos cibernéticos. Además, otorga facultades en ciberseguridad a las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, y plantea la designación de jueces especializados en esta área.

La propuesta de ley también establece obligaciones para particulares, entre otras la notificación de incidentes, la presencia de un representante legal en México y crear unidades de respuesta a incidentes de ciberseguridad.

Incorpora la obligación de los proveedores de servicios bancarios y financieros de establecer las medidas de ciberseguridad para evitar fraudes (lo que está legislado en las leyes financieras y de los supervisores financieros y, por ende, crea duplicidad de funciones).

Debiera darse un papel mucho más activo al Inai para la emisión de lineamientos, evaluación e implementación de medidas de seguridad para la protección de datos personales, ya que de lo contrario la Agencia Nacional de Ciberseguridad estaría invadiendo y obstaculizando sus competencias. 

Los expertos consideran que lo establecido en la iniciativa se podría implementar con mayor técnica legislativa si se reformaran y/o adicionaran en su caso, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, etcétera.

Esta mesa de trabajo para concluir el dictamen se trasladó a ayer jueves, pero lo preocupante es que, hasta ahora, no se han recogido las inquietudes del sector privado como Canieti, ABM, CCE y todos los actores del sistema digital. Será importante que las comisiones dictaminadoras también recojan las inquietudes de la industria.

DE FONDOS A FONDO

#Volaris… la salida de una emisora del IPC no implica un gran cambio en el valor de capitalización. Vea lo que ha ocurrido con Liverpool, una gran empresa que, además de tener la mejor red de tiendas departamentales del país, cuenta con la base de clientes de tarjetas de crédito privada más grande de México y eso no lo recoge ni el IPC.

Lo mismo pasa con Volaris, de Enrique Beltranena, ya que los cambios efectuados en la metodología para el rebalanceo del IPC que les darán a conocer en la BMV este 1º de marzo, Volaris o Megacable podrían salir de la lista de los 35 y subir Telesites o Liverpool.

Lo que es cierto es que Volaris tiene recomendación de compra de todos los analistas que le siguen, dado el potencial de upside que tiene y el impresionante balance en materia de ingresos, efectivo, pasajeros transportados en 231 rutas, mediante 129 aviones.

La creación de valor mostrada en sus resultados públicos, debiera ser factor relevante pues es una empresa que genera 899 millones de dólares, tiene en efectivo en caja 789 millones de dólares y utilidades por 112 millones de dólares. ¡No hay que ponerle a volar, sino a comprar!
@AliciaSalgadoMX