Por: Alícia Salgado

Un par de días atrás, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, escribió en la red X un compromiso suscrito por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), para “fortalecer la colaboración con los gobiernos y las organizaciones internacionales para hacer frente a los desafíos planteados por la migración irregular”.

Sólo que la migración ilegal por avión es un asunto de autoridades, no de aerolíneas, a pesar de que en el mundo son el primer punto de contacto para revisión de documentos de viaje legal antes del ingreso al aeropuerto.

Cierto, la IATA y las aerolíneas que operan en México y el resto de América Latina emitieron un comunicado reconociendo dicho desafío, pero también hicieron un llamado a los gobiernos de la región para que apliquen políticas públicas y requisitos migratorios que desincentiven la migración irregular y, si en sus procesos de revisión migratoria consideran otros elementos subjetivos para impedir el ingreso del viajero a su país, no documentales, que asuman el costo que tiene el regreso del pasajero a su lugar de origen.

La realidad es que los gobiernos les pasan la bolita a todos, pero no asumen sus responsabilidades. Mire, en la reunión de Guatemala sobre migración irregular no vimos publicado ningún plan de los gobiernos de la región, sólo el mensaje en redes sociales de la Embajada de EU en México. Por muy buena voluntad que aplican las líneas aéreas, éstas no son autoridad y se encuentran impedidas de negar el abordaje a pasajeros que cumplen con los requisitos de viaje de acuerdo con la normatividad que cada país emite.

Los sistemas con los que cuentan las aerolíneas y las agencias les permiten conocer los requisitos exigidos en cada país para el ingreso legal de los pasajeros. Timatic es uno de esos sistemas que fue implementado por la IATA y lleva años operando con altos niveles de confiabilidad. Mediante este sistema se verifican más de 700 millones de documentos de viaje que confirman que cada persona cubre los requisitos de pasaporte, visa, impuestos, tarifas aduaneras, etcétera. Las aerolíneas sí están obligadas antes de abordar a un pasajero a verificar que cumpla con los requisitos de viaje, pero, si pese a cumplirlos, las autoridades rechazan la internación de una persona en otro país, es por información o criterios que no son oficiales y, por tanto, ponen en jaque a las empresas aéreas porque ellas no están facultadas ni capacitadas para realizar actos de autoridad. 

Si la aerolínea permite viajar a una persona que no cumple los requisitos, se hace acreedora a multas. En EU se penaliza con casi siete mil dólares a la aerolínea en caso de haber fallado en revisar la documentación de viaje. Lo que las aerolíneas reclaman en este proceso es que si, a pesar de cumplir los requisitos legales, el pasajero es rechazado y se ordena su devolución a su lugar de origen, las autoridades les cargan la mano al exigir la transportación y hasta en ocasiones viáticos.

La migración irregular es un asunto de gobiernos. La buena voluntad de las aerolíneas no debe confundirse como una acción sustituta de la obligación que tienen los Estados para transportar de regreso al pasajero al que se le rechaza a pesar de tener documentos legales para su ingreso, por lo que debería aplicarse la máxima de que el que rechaza, paga. ¡Veremos!
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