Por: Raúl Trejo Delarbre

El autoritarismo concentra el poder, combate la diversidad, desprecia el consenso, aspira a un control sin limitaciones. Una apreciación superficial con frecuencia lleva a creer que los regímenes autoritarios son únicamente aquellos que llegan al poder y se mantienen allí por la fuerza. Desde Pinochet hasta Putin, en el último medio siglo hemos conocido el predominio de la violencia para afianzar regímenes autocráticos. Pero el autoritarismo se apoya también, desnaturalizándola, en la democracia. “La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla”, nos avisaron Steven Levitsky y Daniel Ziblatt hace pocos años (Cómo mueren las democracias, 2018).

No quisimos, o no pudimos creerles todo lo que hacía falta a esos y otros autores que han anunciado, y explicado, el empleo de mecanismos democráticos para minar la pluralidad, los equilibrios e, incluso, libertades esenciales. El 2 de junio, en una elección esencialmente democrática, la mayoría de los ciudadanos respaldó a una fuerza política que está decidida a extinguir la democracia en México. No es otra cosa lo que ocurriría si se cumple la ruta que Morena y su caudillo han diseñado para modificar sustancialmente el régimen político en nuestro país.

Esa ruta tiene, en el horizonte inmediato, tres fases. La primera, ha sido la elección de junio pasado. Morena y sus candidatos ganaron casi 60 % de los votos para la Presidencia, 55 % para el Senado y 54 % para la Cámara de Diputados. Claudia Sheinbaum (y de esa manera Andrés Manuel López Obrador) recibieron un rotundo respaldo y los legisladores de su coalición tendrán mayoría en el Congreso. Pero no tienen la mayoría calificada que se requiere para modificar la Constitución y por eso, con una estratagema aparentemente legal, quieren aumentar artificialmente su número de diputados. Con el 54 % de votos, codician el 75 % de las curules. 

La imposición de una sobrerrepresentación que les permita a Morena y sus aliados tener legisladores suficientes para alterar la Constitución, es la segunda fase de ese trayecto de pocas semanas en el que puede quedar desfigurada la democracia mexicana. La interesada y tramposa lectura del artículo 54 de la Constitución que quiere imponer el gobierno, ha sido desmontada con autoridad y lucidez lo mismo por impecables juristas que por exfuncionarios electorales de probada integridad. No repetiré sus detallados argumentos, que han circulado por los más diversos medios y que, en buena medida, son compendiados aquí en el sitio de nexos. 

La sobrerrepresentación es una prerrogativa que tiene una clara restricción. Esa figura fue creada hace casi tres décadas para favorecer a la fuerza política que obtuviera más votos en una elección pero, como tanto se ha dicho, sin que el número de sus diputados rebase el 8 % por encima de la votación que haya recibido. Cuando la Constitución estableció ese límite, en 1996, la ley consideraba a las coaliciones como un solo partido político. Por eso tal disposición debe aplicarse a la fuerza política que ganó la elección y no, por separado, a cada uno de los partidos que integraron la coalición encabezada por Morena.

La interpretación literal y mecánica del artículo 54 Constitucional otorgaría el monopolio de la política a una sola fuerza pero, además, pondría a las autoridades electorales y a los partidos en un brete que desde hace varias semanas han señalado especialistas como Diego Valadés y Jorge Alcocer. La fracción I de ese artículo constitucional indica que todo partido, para tener candidatos a diputados por representación proporcional, debe registrar postulaciones en al menos 200 distritos uninominales. Y ocurre que en la elección federal reciente, precisamente porque se presentaron ante los ciudadanos como coaliciones, los partidos que formaron los dos bloques políticos fundamentales —Morena, PT y PVEM por un lado, y en el otro flanco PAN, PRI y PRD— no tuvieron por separado ese número de candidatos en los distritos uninominales. Si el artículo 54 se aplica al pie de la letra, ninguno de esos partidos tendría derecho a contar con legisladores de representación proporcional en la próxima Cámara de Diputados.

En el terreno de la discusión y las ideas, la postura que defiende una aplicación histórica y legalmente contextualizada del artículo 54 ha ofrecido argumentos contundentes. En el otro flanco no hay un solo texto que, más allá de vulgaridades y sin distorsiones, defienda con eficacia la sobrerrepresentación que pretenden López Obrador, Sheinbaum y su partido. El entorno de exigencia crítica que se ha creado es útil tanto en el debate público como, también, para aportar razones fundadas a la decisión que deben tomar primero los consejeros en el INE y, luego, los magistrados del Tribunal Federal Electoral. 

Más de dos docenas de exconsejeros y exmagistrados les enviaron a los actuales titulares de los cargos que ellos ocuparon una precisa exhortación para que atiendan a los muchos argumentos que se han difundido a favor de una interpretación contextualizada de la Constitución. La sesión que el INE ha anunciado para el viernes 23 para discutir ese asunto será, muy posiblemente, la más importante en la historia de ese organismo.

Si quienes deciden en esas instituciones avalaran la interpretación gramatical, como para subrayar sus limitaciones le ha llamado Jesús Orozco Henríquez a la lectura sin contexto de la disposición constitucional, estaríamos a las puertas de la tercera fase del proyecto para desmantelar la democracia mexicana. Esa etapa es la consagración constitucional de la demolición del poder judicial y de los organismos constitucionales autónomos, la extinción del sistema electoral y la militarización definitiva de la Guardia Nacional. Favorecidos con una mayoría calificada que no ganaron en las urnas, los partidarios del populismo autoritario abrogarían en pocas sesiones legislativas las instituciones, los contrapesos y las reglas que han sido construidos durante décadas para dar forma a la democracia mexicana. Sólo la falta de mayoría calificada (por unos cuantos votos) de la coalición gobernante en el Senado, podría detener entonces ese retroceso.

Golpeados y débiles, pero sobre todo ensimismados en mezquindades y querellas internas, los partidos de oposición no reaccionan con la urgencia que implica ese riesgo para el sistema democrático. El esfuerzo de las organizaciones ciudadanas que alertan contra la trampa de la sobrerrepresentación es grande, pero insuficiente. 

El grupo en el poder quiere transitar en poco tiempo del autoritarismo, a un régimen que se acercaría al totalitarismo. Esa captura del Estado por parte de una facción política significaría la aniquilación de nuestra democracia.
Fuentes:

@ciberfan

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