Ivonne Melgar

Ante la crítica de que no se apegaba al cumplimiento de la Constitución, Logan Roy, el magnate de los medios de comunicación de la serie Succession, reviró sarcástico: “La ley son las personas y las personas son la política”.

El cinismo con el que ese personaje asumía la posibilidad de transar en su beneficio retrata una realidad: el modelo de negocios en radio, televisión y prensa que ha alterado en diversos países, con México incluido, el derecho a la información, el ejercicio de la libertad de expresión y el valor que éstos tienen en la vida democrática.

Una de las vertientes de esta perversión es el financiamiento público a los medios privados mediante la publicidad gubernamental, repartida a discreción por presidentes, funcionarios, gobernadores y alcaldes, bajo la consigna lopezportillista de “no pago para que me peguen”.

De ahí que el presidente López Obrador tenga razón cuando alega que hay dinero del erario en las empresas de comunicación. Pero este rezagado problema puede resolverse en los dos próximos meses que le restan al periodo legislativo.

Así que, más que solicitar datos personales de comunicadores incómodos al gobierno, éste debería aprovechar la obligada tarea de los diputados –que tienen como límite el próximo 30 de abril– para poner fin al modelo de negocios que de manera opaca ha vinculado a los medios con el poder.

Tan grave es el déficit en México que, en medio de la crisis que le generó a Enrique Peña Nieto su encuentro con alumnos de la Universidad Iberoamericana (UIA) en plena campaña presidencial, el entonces candidato del PRI prometió que estando en Los Pinos regularía la publicidad gubernamental.

Pero reacio a ceder en el modelo de negocios discrecional que lo había ayudado a ganar las elecciones de 2012, el mandatario que ahora reside en Madrid, formuló una legislación a modo, la controvertida ley Chayote, gracias a sus aliados en el Congreso.

La organización Artículo 19 impugnó esa Ley General de Comunicación Social, al considerar que carecía de criterios claros y objetivos sobre el ejercicio del gasto público en la materia.

En septiembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que esa ley no cumplía con los criterios del 134 de la Constitución, correspondiente a los recursos de que disponen Federación, entidades y municipios y que, según ese precepto, deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. E instruyó a los diputados a corregir la omisión antes del 15 de diciembre de 2021.

Ante el desacato que un juez le reclamó, en enero de este 2022, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), gestionó una prórroga en la Corte que vencerá en 70 días.

Y aunque ésta es una de las prioridades que la Cámara de Diputados fijó para saldar sus deudas con la SCJN, en este primer mes de la legislatura no se creó todavía la comisión que atenderá los 11 mandatos judiciales pendientes. Tampoco se ha formulado en la Comisión de Gobernación la propuesta que atenderá la resolución de los ministros: sacar adelante una Ley General de Comunicación Social que garantice que ésta se ejercerá institucionalmente y que su publicidad tendrá fines informativos, educativos o de orientación social, evitando el uso de manera personalizada y con fines políticos.

Ése es el problema estructural que el partido en el gobierno debe y puede solventar en el Congreso: el de los fondos públicos que van a los medios privados.

Seguir en el camino de la descalificación de comunicadores y los pagos que las empresas les hacen no sólo extravía la solución de fondo del cuestionado modelo de negocios, sino que viola los derechos humanos de los periodistas que independientemente del nivel de sus ingresos esta semana lanzaron un “¡Nos queremos vivos!”.

No es gratuito que la protesta de los colegas en la Cámara de Diputados ocurriera de espaldas a la intervención de la bancada de Morena. Tampoco lo fue el señalamiento de Rodolfo Montes en la mañanera presidencial: “Queremos abstenernos de hacerle preguntas porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos”.

Y aunque ahora se busque encasillar las investigaciones periodísticas y las críticas al gobierno como parte de un supuesto “golpe blando” contra éste, la estigmatización hacia nuestro gremio es un abuso de poder que abona en el terreno donde los asesinatos de periodistas se normalizan. Y es tan dañina como la impunidad que los rodea.

Cierto que, como bien señala Logan Roy –esa versión moderna de El Padrino que trafica favores empresariales con el poder público–, la ley son las personas y las personas son la política.

Y ahí está el Congreso, donde Morena y sus aliados son esas personas para construir la política necesaria y pasar a la historia como los artífices de un modelo de publicidad gubernamental democrático, justo, transparente, ajeno a la propaganda y al abuso de poder.

El gobierno y su partido tienen todo el derecho y el poder de los votos para ir contra los Logan mexicanos. Pero hacerlo contra los periodistas es una violación a los derechos humanos.