Por: Iván Arrazola

La recta final del sexenio de López Obrador comienza a asomarse y con ello es necesario hacer una revisión de qué tanto los cambios prometidos se han cumplido. El cambio en la presidencia de la Corte parece avizorar una relación mucho más equilibrada entre el presidente y el poder judicial.

La relación entre el presidente y la Corte no es un asunto menor, de alguna forma la 4T impuso un ritmo vertiginoso a los cambios constitucionales y los cambios a leyes secundarias, lo que puso en una situación particularmente compleja al poder judicial que ha tenido que decidir sobre temas fundamentales para el país.

Basta con observar temas como el de las consultas populares, la revocación de mandato o la constitucionalidad de la reforma eléctrica, por solo mencionar algunos, en los que la Corte ha jugado un papel fundamental, aunque al mismo tiempo López Obrador ha señalado que los cambios al poder judicial se tienen que seguir profundizando, por ejemplo, para normar la actuación de jueces y magistrados y enmendar acciones que son contrarias a la impartición de justicia. Las quejas por liberar a los delincuentes por integrar mal los expedientes o por liberar a cualquier delincuente por lo que él califica como “excusas”, es una de las quejas recurrentes del mandatario en sus conferencias mañaneras

En ese sentido las críticas al Poder Judicial no varían con relación a los antecesores de López Obrador, que ven en los jueces y magistrados obstáculos para cumplir con la ley y la impartición de justicia, sin embargo, poco se habla de las instancias encargadas de la procuración de justicia, que siguen siendo apéndices de los poderes ejecutivo a nivel federal y estatal.

Quizás el principal problema que AMLO está tenido en su relación con el poder judicial es la cercanía que ha tenido con algunos miembros de la Corte. El intento por prorrogar el mandato del ministro Arturo Zaldívar fue interpretado como un intento abierto por invadir la autonomía de otro poder como es el judicial.

Al ministro Zaldívar se le percibió como un cercano al presidente, como una persona que operó y zanjó el camino para que importantes iniciativas del presidente no tuvieran dificultades en su discusión en la Corte. Inclusive el asunto tan polémico de la aprobación de la consulta popular se consideró un asunto en el que el Poder Judicial estiró la liga, en un tema en el que a todas luces en los términos originalmente planteados el Poder Judicial no la podía aprobar, al final el ejercicio resultó confuso para la ciudadanía por la forma en la que se elaboró la pregunta por parte de la Corte y lo poco atractivo que resultó el ejercicio para la ciudadanía.

Por otro lado, el presidente ha hecho evidente que las personas que él ha propuesto para integrar la Corte le deben el puesto a él, por lo tanto, deben de actuar como subordinados, sin ningún tipo de independencia. El caso emblemático es el de Yasmin Esquivel, ministra a la que el mandatario ha defendido públicamente.

Dice el presidente sobre la ministra: “Cuando todos estaban en contra de la Ley Eléctrica, ella defendió nuestra postura y ha votado en contra de todo lo que quieren declarar como inconstitucional”. El presidente además valora la constancia con la que la ministra vota las resoluciones en la Corte.

Esa lealtad es la que la hizo merecedora para ser la candidata favorita del presidente para presidir la Corte en sustitución de Arturo Zaldívar, pero el escándalo del plagio de la tesis de licenciatura de la ministra alteró los planes. Aún con el escándalo el presidente siguió defendiéndola “Pero Esquivel ha sido consecuente, por eso los del conservadurismo tienen mucho miedo de que pueda ser presidenta, porque está de acuerdo con la transformación del país”.

El presidente fiel a su dicho de que su pecho no es bodega, dice lo que piensa de forma abierta, sin darse cuenta que con sus dichos socava la independencia y la credibilidad de las personas que él propone para integrar la Corte.

Ante este escenario se ve cada vez más alejada la posibilidad de tener verdaderamente un Poder Judicial más autónomo, más independiente de los intereses presidenciales, más eficiente, más transparente, la posibilidad de sacar adelante una reforma judicial quedará en el olvido y mientras tanto buena parte de la población tendrá que seguir padeciendo un sistema injusto, lento, burocrático, perverso, que mantiene a muchas personas inocentes en la cárcel.

El sexenio parece haber llegado a su fin y en términos de justicia terminará entregando los mismos resultados que las administraciones pasadas, altos niveles de impunidad, desconfianza en el sistema, parece que el único interés real del régimen se basó en impulsar aquellas reformas que políticamente le beneficiaban, como ampliar el catálogo de delitos por los que un presidente puede ser encarcelado o hacer una férrea defensa sobre el uso de la prisión preventiva. 

Tuvieron la oportunidad para hacer cambios de mayor envergadura al sistema judicial porque en algún momento tuvieron la mayoría en el Congreso, pero un gobierno que se dice de izquierda prefirió mantener una visión punitiva de la justicia antes de heredar al país un sistema de justicia más eficiente.

@ivarrcor