Por: Gabriela Magdaleno del Río

Hace ya casi tres décadas, por primera vez, Manuel Castells habló de la sociedad en red, como resultado de su interés por explicar cómo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación transforman a la sociedad.

Una sociedad en red es una forma de organización social caracterizada por la interconexión de personas, organizaciones y lugares a través de tecnologías de la información y la comunicación. En este tipo de sociedad, las personas y las instituciones están conectadas en tiempo real y pueden comunicarse e intercambiar información de manera instantánea y global.

Aunque han pasado varios años de la construcción del concepto “sociedad en red”, su importancia sigue vigente porque nos ayuda a entender el tipo de sociedad a la que actualmente pertenecemos, ya que, sin duda, el internet y las nuevas TIC se han afianzado como los principales pilares que sostienen la interacción social en el mundo. Todo parece indicar que no habrá marcha atrás, diversos informes y estudios lo sustentan:

A nivel mundial, de 1995 a 2022, el número de usuarios de Internet ha aumentado de 16 millones a más de 5, 500 millones, según los datos de Internet World Stats, lo que representa aproximadamente el 64.4% de la población mundial.

En esta ola de conectividad y socialización digital, México no se ha quedado atrás y sin duda en los últimos años ha formado parte de esta sociedad de redes globales, los datos lo demuestran:

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) del INEGI señala que, en 2022, había 93.1 millones de personas usuarias de internet, lo que representa el 78.6 % de la población de 6 o más. En ese mismo año, el uso principal que se le dio al internet fue para comunicarse (93.8 %). Siguieron el acceder a redes sociales (90.6 %) y el entretenimiento (89.6 %).

Esta sociedad hiperconectada que invierte gran parte de su tiempo en la vida digital ya no sólo para entretenerse y comunicarse sino para acceder a servicios y productos vinculados con sus necesidades básicas y de otros tipos (alimentación, salud, educación, transporte, comercio, banca, etc.) ha traído consigo nuevas problemáticas.

Algunas de las problemáticas vinculadas a la sociedad en red son uso indebido de datos personales, ciberataques, monitoreo y vigilancia ilegales, recopilación excesiva de datos, robo de identidad, ciberacoso, etc. Simplemente, de acuerdo con la Asociación de Internet MX, entre las principales vulnerabilidades que sufrieron los internautas mexicanos, en 2022, están el fraude y la pérdida financiera (46.5%), la suplantación de identidad (27.3%) y el robo de información (22.2%).

En esta sociedad en red en la que constantemente la privacidad de los individuos puede ser vulnerada, se necesitan armas normativas, técnicas y tecnológicas para protegerla.

Una de las principales armas normativas es el derecho a la protección de datos personales. Si bien, el origen de este no se vincula e implementa únicamente en el mundo de la digitalidad, ya que se pueden vulnerar este tipo de datos de manera física, cobra mayor importancia debido a que el internet hace más probable la vulneración de los datos de las personas, incluso de manera masiva. ​

En este sentido, una forma en la que se pueden proteger los ciudadanos en una sociedad en red es conociendo el derecho a la protección de los datos personales.

Una forma de conocer esta normativa es entender sus orígenes.

Desde sus principios, en 1917, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la Constitución), en su artículo 16, se estableció la garantía de que ningún ciudadano puede ser molestado en la privacidad de su persona, de su intimidad familiar, o de sus papeles o posesiones.

Es hasta 2009, cuando se reforma el artículo 16 para proteger otra dimensión de la vida privada de las personas: sus datos personales.

Con estos cambios normativos a nivel constitucional, se sentaron las bases para desarrollar las leyes secundarias necesarias que buscan hacer cumplir el derecho a la protección de los datos personales: en 2010, se publicó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).

A partir de la publicación de la LFPDPPP, se hicieron presentes otros retos vinculados con el tratamiento de los datos personales en el sector público. En este tenor, ocho años más tarde, en el 2017 se publicó la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Ley General).

En resumen, desde sus orígenes, en la Constitución se concibió el derecho de la privacidad como una de las garantías fundamentales para proteger la dignidad de las personas. Un derecho asociado al ámbito personal, fuera del espacio público, que se prefiere mantener alejado de la mirada o la interferencia de otras personas o entidades.

Sin embargo, esta idea normativa de la privacidad tuvo que evolucionar, no para desaparecer, sino para contemplar otras dimensiones, como la protección de los datos personales que son solicitados por las instituciones públicas y privadas. Es decir, proteger esa parte de nuestra privacidad que compartimos para poder acceder a ciertos recursos y servicios. Sin que tengamos que esconderla o reservarla, porque hay una normativa que apuesta por el control y protección de los datos que proporcionamos.

En este tenor, otra apuesta es que la ciudadanía sea plenamente consciente de la importancia de conocer el marco normativo que garantiza su dignidad como personas para que sea implementado de manera efectiva, entre estos el derecho a la protección a la protección de datos personales.

Gabriela Magdaleno del Río. Doctora en Ciencia Política y maestra en Sociología Política. Con experiencia en temas de transparencia y protección de datos personales. @RioGabriela

“Artículo Sexto” es una iniciativa de opinión de especialistas en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, archivo y rendición de cuentas, promovida por Laura L. Enríquez (@lauraenriquezr). Las opiniones y voces de estos especialistas son a título personal, y su objetivo es promover la cultura de la transparencia en el país. ¡Hagamos lo que nos corresponde!
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