Por: Gildardo Mota

La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la razón jurídica al municipio de San Jacinto Amilpas en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 67/2014 interpuesto en contra del Gobierno del Estado, por lo que el Poder Ejecutivo en los próximos días tendrá que devolver 15 millones de pesos, correspondientes a los ramos 28 y 33, a la autoridad municipal que encabeza Víctor Amado López Hernández.

Y es que indebidamente, el Gobierno Estatal retuvo desde enero las participaciones municipales al ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, cuyo recurso indebidamente, según el criterio de la SCJN entregó a un grupo de concejales “inconformes”  encabezados por el entonces regidor de desarrollo social, Franco Alfonso Vásquez, quien se encuentra sujeto a un proceso judicial del orden federal por portación y accionar de arma de fuego en la ciudad de Oaxaca.

De acuerdo a la SCJN con el otorgamiento de la suspensión no se causa un daño mayor a la sociedad con relación a los beneficios que pudiera obtener el solicitante de la medida, puesto que precisamente trata de procurar el normal desarrollo de la administración pública municipal, en beneficio de la colectividad, mediante el otorgamiento de los recursos económicos que constitucionalmente le corresponden al municipio actor.

La Secretaría de Finanzas tendrá un plazo de 72 horas para hacer efectiva la devolución y entrega de los 15 millones de pesos en referencia al ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, esto a partir de la notificación que le haga la representación de la SCJN, de lo contrario el Poder Ejecutivo incurriría en desacato a un mandato al máximo órgano judicial en el país, lo que derivaría en una solicitud de juicio político en contra del gobernador, Gabino Cué Monteagudo.

Cabe agregar que los regidores “inconformes” que mediante acciones de presión fueron favorecidos por la Secretaría de Finanzas con la entrega de 15 millones de pesos son: Teresa Carmen Morales Sánchez, regidora de extracción panista del área de equidad y género; Félix Octavio Sánchez  Vásquez, regidor del Partido Social Demócrata y responsable del espacio de educación y salud, así como Carlos Refugio Sánchez Santiago, regidor del PRD y del área de obras públicas, también empleado de base del Gobierno del Estado, en donde labora simultanea e ilegalmente en la Comisión Estatal del Agua.

Los citados regidores incurrieron en la administración discrecional de los recursos públicos asignados indebidamente por la Secretaría de Finanzas, por lo que en breve enfrentarían procesos penales que derivan de acciones que violentan la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y Autoridades Municipales del Estado de Oaxaca.