Por: Claudia Castello Rebollar

El martes 16 de abril, las organizaciones México Evalúa, Data Cívica y el medio de comunicación Animal Político, publicaron la plataforma “Votar entre balas” (https://votar-entre-balas.datacivica.org/_) que arroja datos detallados de lo que llaman la “violencia política criminal” en nuestro país. Se trata de un estudio estadístico y reportajes que dan cuenta de las cifras de ataques contra las y los candidatos, pero como lo señala la coordinadora del proyecto, Itzel Soto, la investigación va más allá de las agresiones en periodos electorales, por lo que considera, no sólo asesinatos, sino diversos tipos de agresiones.

Este último aspecto es fundamental, ya que, si bien la escandalosa cifra de 17 personas precandidatas y candidatas asesinadas en lo que va del año es el aspecto más grave, hay otro tipo de violencia que inhibe la participación ciudadana. De esta manera el estudio incluye seis distintos tipos de agresiones: amenaza, asesinato, secuestro, atentado, ataque armado y desaparición, no sólo dirigidas contra candidatas y candidatos, sino también contra funcionarios públicos o integrantes de partidos políticos, lo cual resulta fundamental para registrar de manera fehaciente la violencia política que vivimos, ya que como podemos recordar, en la pasada elección federal de 2021, en el estado de Sinaloa más de 100 operadores del PRI fueron “levantados” por el Cártel de Sinaloa un día antes de la jornada electoral, dejándolos en libertad una hora antes del cierre de las casillas.
El análisis da cuenta que “De 2018 al 13 de abril de 2024 se han registrado en México 1777 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada que ocurren antes, durante y después de procesos electorales.”, lo que nos da una idea de la enorme magnitud del problema.
Esta situación se ha agravado ya que el gobierno federal hace como que no existe o la minimiza, sin embargo, como lo señala el estudio, “esta violencia se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios.”, los cuales están a la deriva pues la presencia de militares o la Guardia nacional sólo resulta de escenografía, pues como lo ha reconocido de manera cínica el mismo presidente de la república, en ocasiones tienen la instrucción de no actuar, ¿entonces qué caso tiene que sean enviados?
Entre los múltiples hallazgos que arroja este estudio, se encontró que la violencia provoca que la ciudadanía no salga a votar, al tiempo que también desincentiva la participación de las y los funcionarios de casilla, así, “por cada persona candidata o militante de partido atacada, hay un aumento de casi 1% de sustitución” de dichos funcionarios, a resultas de que no se presentan, uno de los casos más graves se dio en Apaseo el Grande, Guanajuato, en 2021, donde después del asesinato de dos militantes de partido y un candidato a regidor, la sustitución de funcionarios de casilla subió del 12 al 19%. O como sucedió en San Pedro Tlaquepaque, en el estado de Jalisco, donde posterior al ataque a un regidor en el proceso electoral de 2018, la participación ciudadana bajó de 54% a 21%.

Como lo podemos constatar todos los días por los medios de comunicación, la violencia política cunde por todo el país, sin embargo, en cuatro entidades de la república se concentra el 38.2% del total de víctimas registradas, Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, desafortunadamente la gente se ha ido “acostumbrando”,  lo “nuevo” es que donde gana el partido de la supuesta cuarta transformación, ésta se produce solo  para pasar de un estado de relativa calma a otro donde la violencia estalla sin control, sólo hay que ver casos incluso de estados donde la violencia era un tanto ajena, como Zacatecas o Colima y al llegar el partido oficial al poder, el estado se incendia.

Pero si la situación en las entidades de la república es difícil, el mayor asedio se da a nivel municipal, pues como lo muestra el reporte, del total de personas e instalaciones atacadas, el 76.5% de las víctimas ocupaban o competían por cargos de nivel municipal. Es aquí, en el tercer orden de gobierno donde el desamparo es mayor y donde los grupos criminales concentran su operación con la intención de irse apropiando de territorios donde ellos son los que llegan incluso a “palomear” a las personas que podrán competir en el proceso electoral.
Aunque la situación que retrata esta importante investigación es harto conocida, no deja de ser un duro golpe de realidad que nos deja atónitos, sin embargo, para las y los ciudadanos conscientes debe ser una sacudida que nos mueva a la acción, al activismo político, a hablar con familiares y vecinos y hacerles ver la urgente necesidad de derrocar al pésimo gobierno que ha permitido, por no decir promovido, por complicidad, tolerancia u omisión ante el crimen, que los derechos políticos de la ciudadanía mexicana estén siendo conculcados palmo a palmo en el territorio nacional. La solución está en nuestras manos, demostremos en las urnas el próximo 2 de junio, que este país puede cambiar, que no permitiremos que el miedo y la violencia sigan gobernando nuestras vidas, demostremos que, a través del voto, podemos conseguir un país sin miedo.

@CastelloPRD