Por: Gabriela Jiménez Godoy

Con la reciente aprobación de la reforma energética, México ha dado un paso firme hacia un futuro más equitativo y sustentable. Esta reforma no solo representa una corrección necesaria a los efectos adversos de la modificación de 2013, sino que sienta las bases para un sistema eléctrico robusto, donde la energía no será un lujo, sino un derecho accesible para todas las familias mexicanas.

El cambio más trascendental es el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ahora operará como una empresa pública del Estado, eliminando las barreras que antes la colocaban en desventaja frente a las empresas privadas. Esto implica que la CFE podrá competir en igualdad de condiciones, consolidando su capacidad para asegurar un suministro confiable y accesible de electricidad a precios justos, algo que ha sido una demanda histórica de la sociedad.
Este avance responde directamente al clamor popular por una electricidad asequible, un bien esencial para la vida cotidiana y el desarrollo humano. Cabe destacar que, lejos de excluir a los privados, pone límites claros a su participación: podrán seguir operando, pero nunca por encima del interés público ni de la empresa estatal, cuya misión es proteger y beneficiar a la sociedad.

El reto de la transición energética no es solo una tarea nacional; es una responsabilidad global, y México está ahora alineado con las metas internacionales para mitigar el cambio climático. No es una simple política, es un compromiso con las futuras generaciones y con el planeta.

Asimismo, la aprobación de esta reforma abre una nueva era en materia deconectividad y acceso al internet. El Estado será responsable de proporcionar este servicio, especialmente en las zonas marginadas, donde las empresas privadas no han querido o no han podido llegar. Esto no solo ampliará el acceso a la información y la educación, sino que también reducirá las desigualdades sociales que existen entre las zonas urbanas y rurales.https://d-23071592303808785073.ampproject.net/2410031633000/frame.html

Con esta reforma, el servicio de internet no será visto como un bien de lujo, sino como un derecho que permite acceder a otros derechos fundamentales, como la educación, la participación política y el trabajo a distancia. El internet ahora es un derecho garantizado por el Estado, en línea con los derechos humanos más básicos.

Mirando al futuro, esta reforma también ha fortalecido los marcos legales que regulan la industria energética. Los juicios en esta materia serán sustanciados por tribunales especializados, lo que brindará mayor certeza jurídica en un sector que ha sido históricamente objeto de controversias. Esto refuerza la idea de que la energía no es solo un bien económico, sino un bien público que debe estar al servicio de la gente, regulado y protegido por el Estado con total transparencia y justicia. 

En resumen, la aprobación de esta reforma es una victoria para México. El país ha recuperado su capacidad de planear y controlar su futuro energético, asegurando un suministro de electricidad accesible, confiable y sustentable. Además, ha sentado las bases para una verdadera transición energética, que nos permitirá enfrentar los retos del cambio climático con firmeza. 

El Estado ahora tiene la responsabilidad de guiar este nuevo camino, pero también la oportunidad de demostrar que es posible construir un futuro donde el bienestar social y la sustentabilidad vayan de la mano. 

DIP. GABRIELA JIMÉNEZ GODOY

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario Morena

Fuentes:

@GabyJimenezMX

heraldodemexico.com.mx