Por considerar que la aprobación de la Reforma Energética representa un crimen de lesa patria, un grupo de abogados pertenecientes al PRD presentó un juicio de amparo para exigir la suspensión del proceso legislativo, argumentando violaciones a más de 10 artículos constitucionales y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El juicio de garantías fue admitido a trámite por el Juzgado Décimo Quinto en Materia Administrativa del Distrito Federal señalando al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, como autoridades responsables de una violación constitucional que pone en riesgo la seguridad interior del país, así como la soberanía de México en su propio territorio.

Además, se argumenta que de entregarse los recursos energéticos de la nación a empresas privadas, principalmente extranjeras, se atenta contra los derechos humanos de los mexicanos, debido a la magnitud de los perjuicios que acarrearía la privatización en los órdenes económicos, sociales y de seguridad nacional.