La Cámara de Diputados recientemente aprobó, por unanimidad, cambios a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones.

Por: Juan Carlos Díaz Carranza

México atraviesa por una creciente crisis humanitaria. Los efectos de la pandemia, la violencia, la inseguridad y la inestabilidad económica vienen impactando directamente en el estado anímico de la población que hoy padece una gran variedad de problemas mentales. En este contexto, y respondiendo a una deuda histórica con las personas con alguna discapacidad mental, después de  38 años sin presentar ningún cambio sustantivo en estas políticas, la Cámara de Diputados recientemente aprobó, por unanimidad, cambios a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones.  

Esta reforma pretende dotar de un marco jurídico idóneo para que el sistema de salud mental de nuestro país pueda transitar del modelo obsoleto psiquiátrico, asilar, a uno de salud mental comunitario, encaminado hacia una atención sin violencia y respetuosa de la dignidad de los usuarios. Se les reconoce capacidad jurídica a las personas con alguna discapacidad mental, ahora los internamientos serán a través del consentimiento informado y podrán ser revocados por el mismo usuario cuando éste así lo decida. De esta forma se pretende terminar con los abusos y casos de tortura que se han presentado en las instituciones psiquiátricas, así como la prohibición expresa de los tratamientos irreversibles, inhumanos y degradantes. Esto es crucial, porque durante varias décadas los individuos con diagnósticos psiquiátricos recibieron la mirada indolente de la sociedad, situación que prohijó desgarradoras historias de violaciones a los derechos humanos y tratos crueles que han quedado documentados. 

Si bien es cierto que la reforma sienta las bases mínimas para establecer la salud mental y la prevención como ejes prioritarios dentro de las políticas públicas de salud, también tenemos que reconocer que hay ángulos que quedaron desatendidos. Uno de ellos está relacionado con la regulación y ordenamiento de los llamados albergues o anexos psiquiátricos, improvisados establecimientos de tratamiento que, aprovechando la indiferencia gubernamental, crecieron exponencialmente en todo el país sin la supervisión de las autoridades. Esta pérdida de rectoría en la atención de los servicios de salud mental derivó en un crecimiento anárquico de albergues, muchos de ellos convertidos en guaridas del crimen. Esto nos coloca entre los 80 países de la OMS en los que no existe o no funciona una entidad independiente encargada de la supervisión de tratamientos e instalaciones.  

Respecto a la operatividad nos encontramos con un serio obstáculo: en México subsiste una preocupante brecha entre la capacidad de los sistemas de salud y los recursos humanos disponibles. Un informe de la facultad de Psicología de la UNAM indica que en México hay menos de 4,500 psiquiatras para atender a toda la población del país, la mayoría de ellos están concentrados en las grandes ciudades. Por ejemplo, mientras que en el estado de Jalisco hay 493 médicos especialistas, en Guerrero solo hay 26 psiquiatras para todo el estado, una realidad que esta legislación no puede cambiar de inmediato. 

De forma emergente la Secretaría de Salud le hace frente al desafío y se muestra optimista, asegura que actualmente se está capacitando al personal de salud mental de primer contacto. Divulga que más de 30 mil personas que laboran en centros de salud están aptos para atender a los usuarios, a través del curso virtual de la OMS denominado Programa de acción mundial para superar las brechas en salud mental (mhGAP por sus siglas en inglés). Este plan ofrece las herramientas elementales para poder diagnosticar y tratar en la primera línea de atención los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias psicoactivas. Pero la medida luce insuficiente al tratarse de un curso de 12 horas de duración, incapaz de abordar la múltiple variedad de padecimientos mentales que se pueden llegar a presentar, y que por si fuera poco, suelen comportarse como enfermedades crónicas.  

El objetivo de esta reforma es impulsar el modelo comunitario y fortalecer el primer nivel de atención en los servicios de salud. Desde esta perspectiva se entiende la determinación de no construir nuevos hospitales psiquiátricos y que los actuales se conviertan en hospitales de segundo nivel o ambulatorios.  

El éxito de esta iniciativa dependerá, en buena medida, de la coordinación sectorial, sumado a que el gobierno deberá elevar su compromiso y aumentar la asignación de recursos financieros y humanos para la atención eficiente de estos trastornos. 

Al final de cuentas, resulta loable la intencionalidad política de los legisladores, porque la reforma representa un contundente paso hacia el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad psicosocial. Ahora el reto está en custodiar estos alcances normativos y que las iniciativas que se encuentran en estudio en las comisiones parlamentarias, como la creación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no termine por atajar avances ni trastocar la capacidad jurídica de los pacientes con tratamientos de salud mental que hoy es una realidad.

Contacto:

Juan Carlos Díaz Carranza, magistrado del Tribunal Superior de Justicia  del Estado de Oaxaca